Caso Luminarias: En qué consiste la investigación que complica a casi una veintena de municipios de país

La Municipalidad de Recoleta y su alcalde, Daniel Jadue, se encuentran en el ojo del huracán, debido a las últimas informaciones conocidas en el marco de la indagatoria por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de luminarias led en distintos municipios del país, conocida como caso Luminarias.

El jueves de la semana pasada el equipo investigador dirigido por la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, llegó hasta las dependencias municipales para incautar información, y ya el fin de semana se publicó una conversación que deja entrever la supuesta entrega de aportes de la principal empresa indagada, Itelecom, a la carta presidencial del PC.

Los hechos generaron inmediata repercusión y críticas de parte de diversas autoridades. Así también, que el edil saliera en su defensa. «Nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder», declaró Jadue a través de su cuenta de Twitter.

El caso en cuestión partió en Iquique a mediados de 2018 con una denuncia por presuntas irregularidades en la reposición de alumbrado público. Ya en mayo de 2020 el fiscal jefe de la ciudad, Gonzalo Guerrero, señaló que para ese entonces privados, «concertados y con la ayuda de funcionarios públicos» de la municipalidad, lograban la adjudicación de licitaciones para la provisión de bienes y servicios a través del ofrecimiento y pago de beneficios económicos a distintas personas, «afectando la transparencia, probidad e igualdad de oportunidades».

Dijo además que los representantes de las empresas Itelecom y Elec tomaban contacto con funcionarios -de manera directa o a través de intermediarios- para conocer las bases de licitación y adecuar sus propuestas, elevando los costos y ofreciendo parte de estos sobreprecios a los trabajadores públicos.

De acuerdo al ente persecutor, se coordinó un aumento de los valores por $500 millones. Se formalizó a 15 personas, ente ellos cuatro concejales, por delitos como cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.

En su oportunidad se dispuso la prisión preventiva para parte del grupo aunque ahora todos están con arresto domiciliario total.

Fiscal regional asume caso

Lo ocurrido en el norte del país se habría replicado en distintas regiones, lo que llevó al fiscal nacional Jorge Abbott a designar a la regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, a asumir, a excepción de Iquique, la indagatoria a largo del país. La decisión del fiscal nacional, acotaron desde el Ministerio Público, respondía a la complejidad y gravedad de los hechos a investigar, además de la necesidad de realizar diligencias y de operar en distintas zonas.

El mismo día que en Iquique se detuvo a 15 personas, en Ñuble se aprehendió al administrador municipal de Chillán, al juez de policía local de Pemuco -quien también trabajó como abogado asesor de la municipalidad-, y al dueño de la empresa Itelecom, León Lefort, mismo vinculado a Jadue por una millonaria donación a un festival de música.

En aquel municipio la cuestionada licitación fue por $3.900 millones. Posteriormente se formalizó en la zona al gerente general de ventas de Itelecom, Pedro Guerra.

A Iquique y Chillán se suma la situación en Negrete. El alcalde de la comuna en la región del Biobío, Francisco Melo, fue objeto de imputación de cargos, quedando en prisión preventiva. También se llevó a tribunales al jefe se la Secretaría de Planificación (Secplan) del municipio.

De acuerdo a los antecedentes que maneja fiscalía y PDI, Itelecom tiene licitaciones con 22 municipios. De ellos casi veinte están siendo indagados.

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