Valoran aportes al proyecto de ley que regulará el mercado de la leña

Como una ley que beneficiará directamente al sector rural, fue definido por el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Rodrigo Munita, el proyecto de ley que se discute en el Congreso y que declara a la leña y sus derivados como combustible, además de establecer su regulación.

“Desde el Ministerio de Agricultura hemos patrocinado este proyecto de ley, con el fin de resguardar los intereses de la actividad productiva de los bosques y su producción de biomasa que, una vez transformada en biocombustible, permita a actores del sector forestal participar activamente de este mercado, pues favorece un mejor manejo de los bosques, suma valor agregado, genera empleo rural y mejora la competitividad de pequeñas y pequeños propietarios forestales, campesinado y comunidades indígenas”, sostuvo la autoridad.

La trascendencia de la leña y la biomasa forestal en general en el mercado de combustibles se explica por diversos factores, entre los más significativos destacan ser la fuente de energía renovable más importante del país y constituir un cuarto de la matriz energética de Chile. Además, contribuye a la independencia energética del país, pues se evita importar combustibles derivados de fósiles, lo que incide en la descarbonización de la matriz energética.

La relevancia de la actividad radica en que genera 910 millones de dólares en venta de leña y pellets al año. Cabe señalar que solo en el rubro de la leña trabajan unas 98 mil personas, gran parte de ellas ligadas a los 17 mil predios productores de leña y a las 3 mil pymes y mipymes formalizadas ante el Servicio de Impuestos Internos.

Asimismo, un tercio del total de hogares en Chile, aproximadamente un millón 70 mil viviendas, utilizan leña y pellet como principal combustible de calefacción domiciliaria. Sobre ello, es necesario indicar que los precios de la leña certificada transada en el mercado formal y los precios del pellet son más bajos por unidad de energía calórica netas ($/KWh) respecto a otros combustibles, debido principalmente a su disponibilidad local y desconcentración de mercado.

Sin embargo, la pobreza energética, expresada en el consumo de leña húmeda de un 60% de los hogares que utilizan el combustible, representa un grave riesgo a la salud por la contaminación del aire con partículas en suspensión generadas por su mal uso. Por tal motivo, el proyecto de ley también indica la necesidad de promover la venta y consumo de leña seca (con un límite de 25% de humedad), medida que permite disminuir en 34% la polución.

Munita detalló al respecto que el Ministerio de Agricultura aborda este problema en línea con las demás instituciones públicas, tanto en la Política Forestal en lo relativo a generar una oferta de leña certificada en origen y calidad, como en la Política Nacional de Desarrollo Rural, en el ámbito de Oportunidades Económicas en el Territorio Rural.

“Los servicios dependientes del Minagri, especialmente CONAF e Indap a través de sus instrumentos de fomento, en particular los programas de Dendroenergía y de Desarrollo de Inversiones, han apoyado a los pequeños propietarios forestales, campesinos y comunidades indígenas, impulsando el manejo forestal sostenible y su formalización como comercializador de leña e instalando centros de acopio de leña seca, entre otras medidas, con el fin de fomentar la reactivación económica y generación de empleos rurales e ingresos monetarios. De igual manera, CONAF, por medio del programa de Extensión Forestal y de Fiscalización Forestal, ha contribuido a la formalización del mercado, fundamentalmente en el origen legal y sostenible de la biomasa proveniente del manejo de bosques nativos”, declaró Munita sobre las acciones en las que hoy se trabajan.

El proyecto de ley que declara a la leña y sus derivados como combustible y establece su regulación fue respaldado por unanimidad en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 12 de abril, por lo que ahora se discutirán las indicaciones en particular junto a la elaboración del informe de impacto regulatorio, para continuar con su trámite legislativo.

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