El Gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto que busca regular las plataformas de apuestas en línea, entre las que destaca la prohibición de toda publicidad de este tipo de servicios, tengan o no licencia de operación.

La propuesta fue cuestionada por la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), agrupación que reúne, entre otras empresas, a Betsson, CoolBet, LatamWin, EpicBet, 7k, Betway, Juegaenlinea y RojaBet.

La iniciativa fue presentada este martes por el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, en la comisión de Economía del Senado, que inició el estudio de las indicaciones al proyecto, ingresado al Congreso en 2022 y actualmente en su segundo trámite constitucional.

Para avanzar en su tramitación, el Ejecutivo entregó a la instancia un documento de 114 páginas, firmado por el Presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz, Daniel Mas, May Chomalí, Fernando Rabat y Claudio Alvarado.

El texto también contempla retirar todas las indicaciones presentadas hasta ahora y rebautizar la iniciativa como "Proyecto de ley de regulación de las apuestas en línea, protección de la infancia y prevención de la ludopatía".

Sus objetivos son prevenir el acceso de menores de edad, evitar conductas adictivas, reducir daños, proteger los derechos de los jugadores y preservar la fe pública y el orden público.

Uno de los principales cambios propuestos es impedir la publicidad de plataformas de apuestas en línea, independientemente de si cuentan con autorización para operar.

La restricción abarcaría a todos los actores involucrados en la actividad publicitaria. Según el documento, la prohibición "alcanza a quien encarga o contrata la publicidad, a quien la diseña o produce, a quien la difunde o permite su difusión, a quien intermedia en su contratación, y a quien la realiza personalmente".

Las indicaciones incluyen una disposición transitoria para los contratos publicitarios vigentes con plataformas que cuenten con licencia transitoria. Estos podrán mantenerse por un plazo máximo de un año, aunque únicamente fuera del horario de protección de menores.

Según las indicaciones, si un operador autorizado hace publicidad, comete una infracción gravísima que puede costarle la licencia, y quienes diseñen, produzcan o difundan los avisos arriesgan multas de 3 a 30 UTM.

Si la plataforma no tiene licencia, la publicidad pasa a ser delito, con presidio menor en su grado mínimo a medio y multas de 10 a 20 UTM ( entre $721.510 y $1.443.020).

La pena se agrava si la campaña está dirigida a menores de edad. Las medidas de protección también consideran restricciones a los objetos de apuesta que incentiven la participación de menores.

Las indicaciones amplían esta prohibición a actividades cuyo elemento central sea la participación de niños, niñas y adolescentes, como las series menores en distintas disciplinas deportivas.

Gremio rechaza medida

Desde aPAL, valoraron que el Ejecutivo avance hacia una regulación que priorice la protección de los usuarios y la prevención de la ludopatía. Sin embargo, cuestionaron la prohibición absoluta de publicidad y la restricción de bonos y promociones.

"Una regulación protege solo a quienes juegan dentro de ella", sostuvo el gremio, que considera fundamental que los usuarios puedan distinguir y elegir plataformas sujetas a fiscalización estatal.

La agrupación destacó, en paralelo, la incorporación de un Reglamento de Juego Responsable de carácter preventivo y la creación de un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía.

A su juicio, ambas herramientas son avances relevantes, pero su efectividad dependerá de que los jugadores opten por operadores regulados. "La prohibición absoluta de publicidad y la prohibición de bonos y promociones afecta gravemente este objetivo", planteó aPAL.

El gremio argumentó que, si las empresas autorizadas no pueden darse a conocer ni competir en condiciones comerciales con la oferta ilegal, se dificultará la migración de los usuarios hacia plataformas fiscalizadas.

En esa línea, Carlos Baeza, abogado y representante de la agrupación, afirmó "seguiremos aportando al debate parlamentario para que esta regulación cumpla el objetivo de proteger a más personas, asegurar una recaudación permanente y entregar al Estado herramientas efectivas de control", señaló.

Las otra medidas

Las indicaciones también contemplan límites de abonos y de tiempo de conexión para los usuarios, además de prohibir bonos y promociones destinados a captar o retener apostadores.

En seguridad, las plataformas deberán implementar mecanismos de autenticación reforzada, incluida eventualmente la verificación biométrica, y excluir a personas privadas de libertad, inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos o autoexcluidas.

Asimismo, se prohibirá apostar a deportistas, integrantes de equipos técnicos, directores de organizaciones deportivas profesionales y accionistas en sus respectivas disciplinas. Respecto de las licencias, las solicitudes podrán rechazarse si la empresa operó sin autorización en Chile durante los 12 meses previos. Para el régimen transitorio, se exige, entre otras condiciones, pagar 3.000 UTM y estar al día con el IVA Digital.

En el régimen permanente, las licencias durarán cinco años y tendrán un gravamen anual de 1.000 UTM. Finalmente, el proyecto propone aplicar un IVA de 19% sobre la diferencia mensual entre las apuestas y los premios pagados, más un impuesto adicional de 3%.

También establece la regularización de obligaciones pendientes de IVA Digital de los 36 meses anteriores, cuyo pago total extinguiría las responsabilidades derivadas de esos incumplimientos tributarios, según el documento.