Sesionó por segunda vez, en la Cámara de Diputados la comisión investigadora por el Caso Convenios, instancia donde puso en duda el desempeño del Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG), tanto por no desarrollar ninguna sesión, como por el cambio de criterio para el reporte de ítems como transferencias, conflictos de interés y otros, lo que abrió el debate por el rol que le compete en materia de fiscalización.

Fue el ex subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, quien hizo las acusaciones en la instancia a la que asistió como invitado, donde también estuvo presente la actual titular en el cargo, Macarena Lobos, quien afirmó que el Consejo de Auditoría General de Gobierno "no es un órgano de control".

Pavez acusó además de que el Consejo "no ha tenido una sola sesión, cuando el decreto que lo crea obliga a la Segpres a convocarlo una vez al mes", y acusó cambios en la "planilla de autorreporte", donde un funcionario "deliberadamente ordenó no informar ciertos ítems".

En respuesta, la actual subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, dijo que "no hay un relajo en los criterios, sino que un cambio en los criterios para poner el foco en lo que es la auditoria interna, dado que el control financiera contable le compete a la Contraloría".

Más tarde, se le consultó al propio Contralor General de la República, Jorge Berúdez, sobre los dichos de Lobos respecto a cuál es finalmente el órgano al que le compete ejercer los mecanismos de control. "Lo que yo le puedo decir acá es que en todo Estado de Derecho, que es el que tenemos en nuestro país, hay tres líneas de control.

En primer lugar, está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas de cada servicio público, es decir, la cuenta y el control que yo como contralor tengo que dar respecto de la propia Contraloría, por ejemplo, y el uso de los recursos de la Contraloría", partió explicando Bermúdez. El segundo control, detalló, "tiene que estar dado por las auditorías que son las auditorías de Gobierno.

Esa segunda línea de control debería estar operativa y ese es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIGG. Ese es un órgano que tiene que realizar su trabajo". "Y luego, la tercera línea de control es la que hace la Contraloría. Por lo tanto, esa es la forma en que está articulado el control y que debería operar", subrayó Bermúdez.

Al ser consultado por si la conformación del CAIGG debe ser visada por Contraloría, el contralor comentó que "la designación, evidentemente, corresponde a una resolución o un decreto supremo y eso pasa por la Contraloría si es que viene firmado por un ministro o por el Presidente". Asimismo, planteó que "habría que preguntarse por qué no se le ha dado rango legal al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno.

Eso es una cosa que también hay que ver, que ha pasado muchísimo tiempo desde que se crea como una asesoría simplemente. Pero, como el nombre lo indica, lo que puede realizar son auditorías y, por lo tanto, se puede controlar y fiscalizar cómo se están usando los recursos y cómo se están destinando", cerró Bermúdez.