Con votos en bloque de toda la oposición (Republicanos y Chile Vamos), el Consejo Constitucional aprobó la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos, en esta nueva jornada de discusión del Capítulo II, sobre "Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales".

Dentro de ese capítulo, se aprobó por 33 votos a favor y 17 en contra, el inciso 21 que establece "el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física y mental", cuyo literal "b" generaba gran polémica, ya que definía como deber preferente del estado "garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acoggerse, sea éste estatal o privado".

En cuando al derecho preferente de los padres en educación, también fue aprobado por 33 votos a favor y 17 abstenciones el literal "b" del inciso 22, que plantea que "las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho".

Ambas votaciones fueron materia de polémica y declaraciones de lado y lado, como las del consejero republicano Luis Silva, quien declaró que votaron "a favor de la libertad de elección, en salud, en educación y en pensiones porque hay una razón más de fondo y es constitucional, cuál esa razón, es limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona. Muchos (...) querrían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación y que se haga cargo de las personas de las personas, precisamente por eso no dejamos esta materia a abierta y no dejamos esta materia al legislador, porque podría llevarnos al monopolio estatal".

Por su parte, las críticas de Unidad Para Chile se centraron en la "desmantelación" del Estado Social y Democrático de Derecho por parte de la oposición. En ese sentido, la comisionada experta Alejandra Krauss enfatizó en que es importante que la definición de Estado no "se convierta tan solo en una declaración de papel".

Los consejeros constitucionales además aprobaron la normativa que establece que "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias" y que "cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada que los administre e invierta".

"En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno", añade la disposición.