En su primera cuenta pública, a fines de marzo, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, detalló la serie de fiscalizaciones que realizó el organismo en el último año, entre ellas, aquellas referidas al almacenamiento de drogas incautadas, y especialmente, en la destrucción de sustancias psicotrópicas decomisadas por las policías.

"Se detectaron deficiencias en instalaciones y proceso de destrucción de drogas e incumplimientos a la ley N°20.000: drogas guardadas por más de un año, sin ser incineradas, en circunstancias de que el plazo para hacerlo es de 48 horas; falta de control en la custodia y extravío de drogas", dijo Pérez.

Añadió que "y más preocupante aún en la situación de la inexistencia de hornos para quemar las sustancias psicotrópicas y que no están las condiciones para que los funcionarios que trabajan en los servicios de salud, a cargo de esta tarea, no se contaminen al momento de la quema de drogas".

Fue en diciembre de 2024 cuando se conocieron parte de los informes reservados en torno a las fiscalizaciones de la Contraloría a los distintos Servicios de Salud Pública, donde se detectaron esas y otras falencias.

El tema causó polémica en su momento, no sólo porque la demora en la quema de droga reviste un problema de seguridad para los propios servicios de salud, sino porque también obliga a revisar cómo el cambio de consumo y producción de la droga en Chile obliga a agilizar sus procesos de destrucción.

La cadena de la incautación a la destrucción de la droga

La ley 20.000 mandata a los Servicios de Salud para la destrucción de la droga, la que se realiza en hornos especiales para estos fines. Pero antes de ese proceso, la cadena parte en la incautación de estos elementos, por parte de las policías.

La capitán Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, comenta que el protocolo tras la incautación establece que si la droga pesa sobre 3 kilos, la resguarda dicho departamento en una "sala de evidencia", la que cuenta con medidas de seguridad, como "protocolos de ingreso, llaves, cámaras, rejas, ventilación y todos lo necesario para mantener la droga resguardada".

Posteriormente, esa droga se envía al servicio de salud correspondiente, también con un protocolo determinado: dependiendo de cuánta droga se debe trasladar se pueden desplazar varias patrullas o solicitar asistencia del GOPE. "Esto, con la finalidad de evitar cualquier altercado o algún intento de quitada de droga por parte de alguna organización", señala la capitán.

El servicio de salud al que llega la droga dependerá de ciertos factores: en el caso de la droga sintética y fármacos, ésta llega al Servicio de Salud Oriente. En tanto, la marihuana se entrega en relación a la comuna o sector donde fue incautada. La capitán señala que la regulación establece 24 horas para la entrega de la droga, y en caso de que se necesite la ampliación del plazo, esto se solicita a fiscalía y "se suele remitir al día siguiente".

En casos de grandes incautaciones, también se coordina con el respectivo servicio de salud para poder entregarla con las medidas de seguridad respectivas.

El "cambio" en el consumo y producción

La detección de Contraloría pone en evidencia el cambio que ha tenido el negocio de las drogas en Chile. En conversación con Emol, Pilar Lizana, experta en seguridad y directora de Volpe Consulting, subraya que "Chile fue país de tránsito por mucho tiempo, después, fue un país más consumidor; se empezó a consumir más marihuana, se empezó a tener país más adquisitivo, y aunque varía cada año, Chile se mantiene dentro de los primeros tres puestos de consumo de drogas per cápita".

Ese nivel de consumo, sostiene la experta, llevó a que "Chile se comenzara a transformar en un país productor de droga, esencialmente de marihuana y también de algunas drogas sintéticas a través de laboratorios que aprovechan de los conocimientos de los químicos chilenos, que a lo largo de la historia de Chile se posicionaron muy bien en los mercados de narcotráfico para procesar drogas".

"Entonces, lo que estamos viendo hoy día probablemente es una capacidad instalada para hacerse cargo de un problema de hace cinco o diez años atrás. Lo que hay que mirar en el fondo es si es que esa capacidad instalada está respondiendo al desafío de hoy día y si es que no está respondiendo, ahí lo que hay que preguntarse es cuántos recursos y cuánto dinero necesitamos para ponernos al día en materia de seguridad", sostiene Lizana.

Agrega en esa línea que "más que si al final se están usando o tenemos pocos hornos, el problema acá hay que mirarlo desde el punto de vista de que tenemos un desafío que cambió hace cinco años atrás y que necesitamos responder a ese desafío".

Un "problema sistémico"

"¿Cómo es posible que sustancias cuyo tráfico se persigue con todo el aparato estatal, una vez incautadas, queden bajo un sistema de custodia y destrucción tan vulnerable a la corrupción y la negligencia?", comenta Daniel Soto Muñoz, consultor en seguridad, quien afirma que los hallazgos del ente contralor en torno a las falencias y demoras de la destrucción de droga "evidencian una falla estructural que compromete seriamente la integridad del sistema de justicia criminal y la política contra el narcotráfico".

"Las demoras en la destrucción de sustancias ilícitas no son simples retrasos administrativos, sino el reflejo de una severa crisis institucional donde múltiples organismos están incumpliendo sus deberes legales: Primero, los Servicios de Salud, particularmente sus Directores, tienen la responsabilidad legal directa sobre la administración de instalaciones para el almacenamiento de drogas incautadas, pero están operando en condiciones completamente inadecuadas, como lo demuestra el informe de fiscalización", parte señalando el experto.

En segundo lugar, subraya que "los Químicos Farmacéuticos de las Unidades de Decomiso, responsables del manejo directo de estas sustancias, enfrentan una concentración inadmisible de funciones sin los controles cruzados que exige la normativa, generando un riesgo evidente de desviación de sustancias".

"En tercer lugar, el Ministerio Público ha exhibido una preocupante pasividad en la supervisión efectiva de la cadena de custodia, limitándose a recibir informes sin verificar el cumplimiento de plazos legales para la destrucción; y cuarto, los órganos jurisdiccionales —Juzgados de Garantía y Cortes de Apelaciones— no están ejerciendo su rol fiscalizador sobre estos procedimientos críticos, permitiendo que la evidencia judicial pueda ser comprometida", complementa Soto.

En esa línea, advierte que "estamos frente a conductas que podrían configurar tipos penales graves: malversación de bienes públicos, falsificación de instrumentos públicos, infracciones a la Ley 20.000 e incluso prevaricación administrativa.

No se trata de simples negligencias, sino de omisiones inexcusables que abren espacios para la corrupción institucional y debilitan gravemente la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado".

"La eficacia del trabajo policial queda neutralizada cuando el sistema posterior de custodia y destrucción opera con esta alarmante precariedad. Cada gramo de droga que no se destruye oportunamente representa un riesgo potencial de reingreso al mercado ilícito", zanjó.