La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incorpora al Presidente de la República en el listado de autoridades sujetas a control de consumo de drogas. Eso sí, por ser objeto de indicación, volvió a la comisión de Gobierno de Interior de la Cámara.

La iniciativa corresponde a mociones parlamentarias refundidas, impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (Ind.), y fue aprobada en general con 99 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones. Además, se aprobó un proyecto de resolución mediante el cual la Cámara solicita al Presidente Gabriel Boric otorgar urgencia a las iniciativas.

El proyecto establece que parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes deberán someterse, al menos una vez al año durante el ejercicio de sus cargos, a un examen médico realizado por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, conforme a estándares internacionales. Dicho examen se basará en una muestra de cabello.

La iniciativa fue aprobada por la amplia mayoría de la Cámara de Diputados. Solo votaron en contra las diputadas del Frente Amplio Lorena Fries y Maite Orsini. Mientras que los diputados Francisca Bello, Roberto Celedón (FA), Luis Cuello (PC), Tomás de Rementería (PS), Javiera Morales (FA), Alejandra Placencia (PC), Matías Ramírez (PC), Camila Rojas (FA), Clara Sagardia (Ind.-FA), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Carolina Tello (FA) se abstuvieron.

Posturas a favor

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) respaldó la iniciativa y argumentó que "una persona puede haber consumido antes y un día dijo, no quiero consumir más y quiero dedicarme a la política, es absolutamente factible, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Y eso es lo que plantea este proyecto. Las dos cosas al mismo tiempo no".

"Creo que no solo hay que aprobar el proyecto, sino que tenemos que trabajar justamente para que la droga, el narcotráfico, no permee la política", cerró. Actualmente, los diputados se someten a controles de drogas de manera aleatoria.

En ese contexto, y en respaldo al proyecto, la diputada Mónica Arce (Ind.-DC) sostuvo que "hoy no me someteré al test por una convicción ética. Los controles deben ser para todas las autoridades, sin excepción y en todos los poderes del Estado, desde los parlamentarios hasta el presidente de la República y las autoridades que éste designe, como lo es su gabinete ministerial". "No es posible que exista un estándar para unos y otros para quienes están aún más arriba en la cadena de mando.

En ese espíritu, presidente, deberíamos apuntar a una transversalidad verdadera: Test aleatorios, sin previo aviso y que no se limiten sólo a sustancias ilícitas, sino que también incluya la alcoholemia", agregó. "En esa línea presenté una indicación para que los test sean obligatorios al menos cuatro veces al año, con una diferencia no mayor a 90 días, durante el ejercicio del cargo para todas las autoridades elegidas y designadas.

¿Cómo esperamos que la ciudadanía confíe en sus autoridades si no somos capaces de dar el ejemplo? La transparencia, la responsabilidad y la propiedad deben ser pilares fundamentales de nuestro sistema democrático", cerró.