El Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022.

Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público.

Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, de todas formas un grupo de diputados de oposición, entre ellos el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío, donde recientemente incendiaron 50 camiones que se encontraban al interior de la central hidroeléctrica Rucalhue.

Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas.

“Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que, y quiero en esto subrayar, quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque, insisto, cuando ocurren hechos de estas características no es que el gobierno fracase, no es que las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad”, sostuvo.

Con la nueva prórroga la medida está lejos de llegar a su fin, y la idea que había manifestado en diciembre de 2024 la exministra del Interior, Carolina Tohá, sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamentos, todavía sigue siendo un incierto.

Incluso la candidata presidencial del PC, Jeannete Jara, se ha mostrado reticente a la opción de desescalar, pues considera que “el estado de excepción ha dado resultado; este último atentado gravísimo y muy condenable (de Rucalhue) hace que se reevalúe la posibilidad”.

El estado de excepción en cifras

En tanto, durante el debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados de la medida que se han logrado, avalados por algunas cifras.

En concreto, el ministro Cordero detalló que hasta el 6 de abril de 2025 ha habido una disminución de 53% de los hechos de violencia rural en la Macrozona Sur, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Además, en comparación con 2021 la baja alcanza un 77%, la menor cifra de eventos violentos en los últimos nueve años.

Junto con esto, el documento señala que desde que se inició el estado de excepción (2022) se han detenido a 1.295 personas y se han realizado 612.834 controles.