Gran empresariado lamenta que Hacienda vuelva a postergar el cumplimiento de la regla fiscal

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24/04/2025


El Gobierno incumplió su compromiso de balance fiscal en 2024 y volverá a desviarse en 2025, según las proyecciones presentadas ayer ante las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.

Según lo expuesto en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se espera aminorar el déficit mediante supuestos ingresos que deberían materializarse si se aprueban proyectos de ley en curso, como la polémica iniciativa que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE).

De todas formas, el cumplimiento de la meta que estaba planificada para este año deberá traspasarse a la nueva administración que llegue en 2026. Así, la meta de déficit estructural se mantiene en 1,6% del PIB respecto del anterior IFP, pero empeora en relación al Derecho de Política Fiscal de 2024, que establecía llegar a un desequilibrio de 1,1% del PIB en 2025.

Ahora la meta de -1,1% del PIB se posterga hasta 2026. Una noticia que agitó las aguas en el mundo político, específicamente en la oposición. "El Gobierno ya se soltó el cinturón en las metas fiscales", criticó el diputado Miguel Mellado (RN).

Un cuestionamiento que también tuvo eco en el mundo empresarial. La presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestó en una declaración que “se anunció una revisión de la meta de balance estructural, estableciéndola en un déficit de 1,6% del PIB para este año, postergando en un año el objetivo de alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB”.

Lo anterior, agregó, "implica que no se está cumpliendo la meta que la autoridad había establecido". Asimismo, expuso que "se proyecta un déficit efectivo mayor al estimado inicialmente, alcanzando el 2% del PIB, lo que tiene consecuencias complejas en materia de sostenibilidad fiscal y requiere de un mayor esfuerzo de ajuste para evitar desequilibrios y presiones sobre la deuda pública".

"Las medidas administrativas comprometidas para contener este aumento sólo representan el 0,17% del PIB, lo que es bastante menor al ajuste de 0,5% del PIB comprometido en marzo frente a un déficit menor.

El resto del esfuerzo fiscal se delega a eventuales modificaciones legales, cuya tramitación y efecto son inciertos", acotó Jiménez. También señaló que "llama la atención, además, que se mantenga una proyección de crecimiento del PIB de 2,5% para 2025, en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales.

Esto podría traducirse en ingresos fiscales aún menores a los esperados y, en consecuencia, en un déficit efectivo y estructural superior al proyectado".





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