La Contraloría General de la República ofició a 232 municipalidades para que informen, en un plazo de cinco días hábiles, si han aplicado descuentos salariales a los profesores que se adhirieron la reciente paralización del gremio.

El oficio recuerda que, la ausencia voluntaria de servidores públicos "no configura una causal que justifique la inasistencia", por lo que corresponde descontar el tiempo no trabajado. Se solicita además detallar las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio durante la movilización.

El requerimiento abarca tanto el registro de descuentos ya efectuados como aquellos que se realicen posteriormente, especificando montos.