Aunque la trama de las licencias médicas, detectadas el 20 de mayo por la Contraloría, ha generado una serie de reacciones, sumarios y renuncias, son varias otras las áreas en las que el ente contralor ha ingresado en su rol fiscalizador, y que ha complicado a distintos personeros e instituciones públicas.

Y es que pese al impacto que sigue generando que más de 25 mil funcionarios públicos viajaran al extranjero mientras tenían licencia médica -incluyendo a personas del círculo cercano del Presidente Gabriel Boric-, el trabajo de Contraloría se ha expandido a al menos otras cinco áreas.

Otro de los casos más bullados involucra al gobernador de la RM, Claudio Orrego. Esto, luego que el pasado 4 de junio, el ente contralor detectara irregularidades asociadas a gasto electoral en la gobernación de la RM, hallazgos que también golpean a las gobernaciones de Tarapacá, Antofagasta Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

En el caso de la RM, uno de los puntos neurálgicos de los hallazgos del ente fiscalizador, dice relación con el pago de más de $31 millones por un servicio de asesoría "para la gestión institucional GS 2024", sin embargo, en la revisión de las sesiones se halló que no se abordaron temas de coaching -como señalaba el contrato-, sino que habían referencias explícitas a "la contingencia política y la campaña electoral" de Orrego para mantenerse en el cargo.

Esto ha llevado a que consejeros regionales del Partido Republicano decidieran llevar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que incluso se analice la destitución del gobernador, eso sí, están a la espera de la definición que tomen los jefes de bancada de Chile Vamos, ya que necesitan 12 respaldos para impulsar la solicitud.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya recibió formalmente la resolución mediante la cual el fiscal nacional, Ángel Valencia, asignó el caso a esa jurisdicción, pero aún está a la espera de los antecedentes, por lo que sigue en suspenso quién será el persecutor asignado a la causa.

Irregularidades en la U. del Bío-Bío

El pasado 30 de mayo, la Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de falencias en la gestión financiera y administrativa de la Universidad del Bío-Bío (UBB) entre los años 2020 y 2023.

A raíz de ello, ordenó la realización de un sumario administrativo por parte de dicha casa de estudios y también la intervención de la Superintendencia de Educación, a fin de que efectúe las fiscalizaciones en ese recinto estudiantil.

Entre los hallazgos, se detectó una deuda de $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), los que fueron depositados en cuentas no destinadas al efecto, específicamente en la cuenta de "Sueldos".

Además, la casa de estudios no transfirió al mismo FSCU $191 millones recaudados de exalumnos en 2023, lo que constituye una grave omisión de deberes contables.

También se constató que la casa de estudios efectuó tres transferencias de $3.000 millones cada una, desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario a la cuenta de sueldos, lo que vulneró los convenios de ejecución de esos fondos.

Esta práctica ya había sido observada y advertida por la Contraloría en informes anteriores (N° 216 de 2022 y N° 131 de 2023), sin que se hayan tomado las medidas correctivas correspondientes.

Otra observación se refiere a que durante 2023, la UBB realizó compras por $33 millones fuera del portal Mercado Público, sin justificación documentada, infringiendo la Ley de Compras Públicas. Además, la auditoría señala que la universidad contrató a empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con directivos, e incluso uno de estos directivos figura como socio de la empresa contratada.

Al respecto, desde la universidad mencionaron en un comunicado que "la Universidad tomó conocimiento del informe y se comprometió a saldar la deuda que se menciona en un plazo razonable".

Descuentos a profesores

La Contraloría también se pronunció en torno al paro de profesores que se desarrolló la semana pasada y que se extendió por 48 horas, en concreto, respecto a los descuentos en las remuneraciones que corresponda aplicar a estos funcionarios.

El pasado 5 de junio, el ente fiscalizador envió un oficio a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que entreguen el detalle de los descuentos en las remuneraciones que se realizaron a quienes adhirieron al paro. En el oficio, se señala que "las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua (...)".

Añade que "el dictamen N° 52.122, de 2009, de esta Contraloría, ha precisado que la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia".

En esa línea, la Contraloría detalla en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, "se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación".

En tanto, ayer 9 de junio, el ente contralor amplió el radar y remitió un oficio a 232 municipalidades del país para que detallen la situación de los descuentos de remuneraciones de los profesores.

"Proyecto inconcluso" de AMZO

El 6 de junio, el ente contralor sumó un nuevo informe que involucra a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), que hasta 2024 agrupaba a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, donde asegura que encontró "múltiples irregularidades".

En concreto, se trató de una auditoría, la que tuvo por finalidad "analizar la correcta percepción de los recursos, así como su debido uso y rendición, entre 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, y otros periodos según ameritaba la investigación".

Uno de los focos principales del informe es el proyecto "Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada", al que se destinaron $1.348.615.730. Según Contraloría, "dicho proyecto no fue finalizado, a pesar de que se encontraba en sus últimas etapas", lo que "no se ajusta a lo establecido en el artículo 2° de los estatutos de la AMZO y transgrede el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos".

La auditoría también identificó pagos por $170 millones a funcionarios contratados a honorarios que no presentaron informes de actividades, así como otros $271 millones pagados a profesionales que sí entregaron reportes, pero sin evidencia de productos concretos como minutas, documentos u oficios. Contraloría dispuso que el informe sea derivado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado "para su conocimiento y fines pertinentes".

En materia de viajes, la Contraloría constató que la asociación adquirió un pasaje a Europa para el entonces presidente del directorio, Joaquín Lavín, cuando aún era alcalde de Las Condes. Según detalló el ente contralor, los detalles del informe serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Seguridad municipal

Otro informe de la Contraloría -correspondiente al 11° Consolidado de Información Circularizada (CIC)- detectó que 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.

De acuerdo al reporte del órgano contralor, 110 de los municipios "están en categoría de 'Urgentes', es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa". El documento también detalla que "a febrero de este año, 24 municipios del país tenían sus Planes vencidos y, 40 gobiernos locales no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo estipula la norma".

El informe precisa que "en la categoría de 'Urgentes', seis municipalidades tienen sus planes vencidos a febrero de 2025, destacando entre ellos La Florida, considerada la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual". En cuanto a los consejos de Seguridad Comunal, la Contraloría detectó también que, "entre 2021 y 2024, se advierte una disminución en la remisión de actas del consejo por parte las municipalidades.

De hecho, 72 municipios habrían remitido las actas más de un año después de su celebración, entre ellas están: Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa. Asimismo, 19 municipalidades de esta categoría reportaron antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre ninguna sesión del Consejo en los últimos años.

En esta categoría están Alto Biobío, Cartagena, Curacautín, Linares, Macul y Pozo Almonte".