“Hablamos de cerca de $42 mil millones que no sabemos dónde están”. Así el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, se refirió a los antecedentes arrojados por la auditoría externa realizada al Gore Biobío, respecto de acuerdos suscritos con distintas fundaciones entre enero de 2021 y julio de 2023. Esto en el marco de la entrega al Ministerio Público y a la Contraloría del documento de fiscalización, para iniciar acciones legales, acusando mala utilización de recursos públicos.

En ese sentido, la actual administración del Gobierno Regional inició acciones civiles en contra de dos fundaciones, las que buscan la restitución de fondos transferidos por el Gobierno Regional. En específico, se trata de Artesanías de Chile y la Corporación Impulsa Biobío por demandas que irían, según explicó Giacaman, en la línea de recuperar cerca de $430 millones entre ambas organizaciones: $162 millones y $273 millones, respectivamente. Cabe destacar que ambos organismos fueron apuntados en la auditoría.

Sobre la acción legal, la autoridad regional detalló que “tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos. Recursos que se usan en cosas que no están establecidas en los convenios de trabajo que había con ambas organizaciones. Y estamos hablando, en ambos casos, sumados, por más de $400 millones que queremos recuperar para el Estado”.

Asimismo, desde el Gore afirmaron que los recursos que se buscan recuperar no irían a las arcas de la institución regional, sino que “van a volver a la Tesorería General de la República. Nos interesa que así sea, porque siempre cada peso del Estado de Chile, cada peso que se recauda con el impuesto de los chilenos, se tiene que gastar para mejorar la calidad de vida y responder a la urgencia de los chilenos”.

La ya mencionada auditoría consta de un documento de 177 páginas, que comenzó a realizarse en marzo de 2024, es el análisis exhaustivo de 195 convenios registrados en Sistema de Administración y Gestión de la Inversión Regional. De las conclusiones que entregó la revisión, una de las que destacaron desde la actual administración del Gore fue que se verificaron instituciones, con las que se suscribieron convenios, sin inicio de actividades, sin giro definido o no inscritas en registro de receptores de fondos públicos.

“Hay desde organizaciones que no tenían iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, otras en que la glosa presupuestaria no se condice con el proyecto que se estaba realizando y uso de recursos en cosas que no tienen que ver con el convenio”, puntualizó el gobernador regional.

Otro punto que abordó Giacaman fue que la auditoría externa presentada en Fiscalía y Contraloría fue que “establece claramente responsabilidades políticas y administrativas, y una de las personas que menciona es mi antecesor. Y eso es información que por supuesto está en el informe de la auditoría y es información que también nosotros estamos procesando para eventuales otras actividades asociadas al tema judicial”.

Díaz declarando en paralelo

Un hecho curioso de la acción judicial efectuada por el gobernador Giacaman en la Fiscalía Regional de Biobío es que, al mismo tiempo, dentro del edificio del Ministerio Público, estaba su antecesor, Rodrigo Díaz, quien en ese instante estaba declarando en calidad de testigo por tres causas judiciales enmarcadas dentro del Caso Convenios.

En detalle, se trata de la arista de la Fundación Leitat, otra arista de la Corporación Motum y la tercera por los casos de obstrucción a la justicia por parte de funcionarios del Gore en medio de la investigación por el Caso Convenios. Y es que el exgobernador estuvo más de 2 horas declarando en Fiscalía.

Al terminar de declarar, Díaz señaló que “hay una buena parte de estas causas en las cuales ya había prestado declaraciones porque la primera declaración que me correspondió hacer el año 2023, las consultas a mi persona son la base que se utiliza para poder continuar con estas indagatorias”.

De la misma forma, consultado por los resultados de la auditoría externa que evidenció negligencias durante su gestión, respecto de los convenios suscritos con distintas organizaciones, la exautoridad regional enfatizó que el proceso de fiscalización fue gestionado durante su mandato para “poder corroborar áreas donde se deben hacer mejoras, si las auditorías se hacen para eso, en cualquier institución y por lo tanto lo que hace esa auditoría es que reafirma buena parte de una auditoría que partió después y que fue realizada por la Contraloría”.

No obstante, sobre el periodo que fue revisado, Díaz indicó que “era muy lógico que se encontraran problemas y yo espero que esos datos sirvan para que sean utilizados más allá de las declaraciones que se puedan hacer, sirvan para ser utilizados en reafirmar o modificar procesos que permitan al Gobierno Regional ser una institución cada vez más útil para la gente de la Región”.

Asimismo, tras ser consultado por la arista Procultura y los detalles de su colaboración en la investigación el exgobernador declinó a referirse por limitaciones legales. “No puedo, respecto a cosas que se están investigando, hacer ningún tipo de declaración porque es una obligación legal”.

Fundación Antonia

Bajo el marco de la búsqueda de restitución de recursos, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por la Fundación Antonia contra el Gobierno Regional del Biobío, el cual tenía el objetivo de evitar el requerimiento restitución de cerca de $51 millones de un convenio suscrito durante la administración de Díaz.

El requerimiento del Gore, presentado en abril de este año, apuntaba a un presunto pago irregular de sueldos. Esto además de la situación María Consuelo Hermosilla, presidenta de la fundación, por presuntamente no haber cumplido los requisitos para el cargo que ocupó en el marco del convenio que suscribió con el Gobierno Regional del Bío Bío, según exponía el requerimiento.