En medio de un escenario político marcado por la dispersión de fuerzas y el debilitamiento de los partidos, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto de reforma que busca reordenar el sistema político y elevar los estándares de representatividad.

La iniciativa —presentada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Segpres, Macarena Lobos— apunta a frenar la fragmentación que se ha acentuado en el Parlamento y a reforzar el rol de los partidos como pilares del sistema democrático. Desde el Ejecutivo destacan que se trata de una propuesta ampliamente debatida en el pasado y que recoge un diagnóstico compartido por diversos sectores sobre la necesidad de mayor estabilidad institucional.

En paralelo y para despejar dudas, el ministro Elizalde aseguró que la reforma no alterará las reglas vigentes en este ciclo electoral. “Este proyecto no va a cambiar las reglas del juego respecto de las elecciones en curso”, precisando que se incorporan normas de transición para su aplicación futura.

Nuevos requisitos

La propuesta plantea tres modificaciones centrales a la Ley de Partidos Políticos. Primero, eleva el requisito de presencia regional: los partidos deberán estar constituidos en al menos ocho regiones, contiguas o no, en lugar de las tres regiones contiguas exigidas actualmente.

En segundo lugar, duplica la cantidad de firmas necesarias para su legalización, volviendo al estándar anterior al proceso de refichaje. Y tercero, prohíbe que los fundadores de un partido puedan postular como candidatos por otra colectividad durante los cuatro años siguientes, incluso si su partido no alcanza a legalizarse.

En adición, se incorpora una regulación legal sobre los comités parlamentarios, que hasta ahora solo estaban normados en los reglamentos internos del Congreso. La reforma establece que todo parlamentario deberá integrarse al comité del partido por el que fue electo, sea como militante o como independiente patrocinado.

El proyecto también modifica el financiamiento público de los partidos, eliminando los incentivos que permitían a colectividades sin representación parlamentaria acceder a recursos fiscales. “Solo los partidos que hayan participado en elecciones parlamentarias podrán acceder a estos fondos”, explicó el ministro Elizalde.

Partidos en el Biobío

Ahora bien, para analizar el carácter fragmentado del panorama partidario actual, si nos enfocamos en el Biobío, según las últimas cifras oficiales del Servel, en el Biobío hay 40.864 personas afiliadas a 23 distintas colectividades, lo que equivale al 7,6 % del total nacional de militantes.

En detalle, el Partido de la Gente (PDG) encabeza el listado con 4.348 afiliados, lo que equivale al 0,32 % del padrón regional. Le sigue Renovación Nacional (RN) con 3.699 militantes (0,27 %), y en tercer lugar figura el Partido Nacional Libertario, que ya alcanza 3.299 afiliados (0,25 %), pese a su reciente constitución legal.

En la izquierda y centroizquierda, el Partido Socialista (PS) cuenta con 3.145 miembros (0,23 %), mientras que el Partido Comunista (PC) suma 2.989 (0,22 %), superando al PPD, que tiene 2.399 (0,18 %). La Democracia Cristiana (DC) conserva una base de 3.011 afiliados (0,22 %), manteniéndose como una de las colectividades tradicionales con mayor arraigo.

En el bloque de derecha, la UDI registra 2.839 afiliados (0,21 %), por debajo de RN, mientras que Evópoli y el Partido Republicano suman 1.654 (0,12 %) y 1.575 (0,12 %), respectivamente. En tanto, el Frente Amplio, considerando las cifras de Convergencia Social, RD y el Partido Liberal, reúne 2.622 afiliaciones, equivalentes al 0,19 % del padrón en la zona.

Entre los emergentes de centro, Demócratas alcanza un total de 1.288 afiliados (0,10 %), y Amarillos por Chile marca 1.055 (0,08 %). Ambos han logrado superar el umbral mínimo legal, aunque sin consolidar aún un despliegue territorial amplio.

Finalmente, el Partido Igualdad alcanzó 1.285 afiliaciones (0,10 %), suficientes para solicitar su legalización regional. Por otro lado, partidos como Acción Humanista (8 afiliados), Alianza Verde Popular (8), Partido Humanista (7), Partido Popular (5) y Trabajadores Revolucionarios (3) presentan cifras meramente testimoniales, inferiores al 0,001 % del padrón regional, tratándose de una presencia meramente nominal.

Sobre aquello, en su momento el Servel explicó que dichos registros corresponden a personas que trasladaron su militancia desde otras regiones, sin que sus partidos estén efectivamente constituidos en la zona.

Visión de parlamentarios

Sobre el reciente ingreso de la propuesta, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), aseguró que esta responde a una necesidad urgente frente a la fragmentación del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados.

A su juicio, el alto número de parlamentarios independientes dificulta alcanzar acuerdos legislativos y retrasa respuestas a demandas ciudadanas, agregando además que la renuncia de congresistas a los partidos por los que fueron electos “debilita la democracia” y daña la confianza en el poder legislativo.

Saavedra valoró el conjunto de medidas, como la regulación del financiamiento de partidos y candidaturas, el impedimento para que fundadores usen nuevos partidos como plataforma personal y los mayores requisitos de representación territorial. “No puede haber partidos que tengan una escasa representación territorial, porque ahí se fragmenta la representación popular”, afirmó.

Extendiendo el debate hacia la otra mitad del Congreso, desde la Cámara Baja, consultada por Diario Concepción, la diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), calificó que “a priori, es necesario fortalecer el sistema político, buscando mejorar la democracia en nuestro país; y en eso, me parece que hay un consenso general”.

Más allá de aquello, la parlamentaria expresó reparos ante la iniciativa de elevar los requisitos para la legalización de partidos, señalando que le daba la impresión de que podría tener un efecto excluyente para ciertos sectores, restringiendo la representatividad.

En ese contexto, sostuvo que la propuesta le recordaba —aunque con matices— lo que ocurría bajo el sistema binominal. Pero de todos modos se mostró abierta a la discusión, indicando que la propuesta ya está siendo analizada por los asesores del comité al que pertenece.

“Veo puntos positivos, como aquel de los recursos públicos asignados, los que deben ser utilizados para los fines destinados, por lo que debe existir un control eficiente, limitando las tentaciones en las que han caído algunos políticos, como Jaime Orpis, Marta Isasi o la ex vocera de Kast, quien trató de aprovecharse de los dineros de Servel, por más de 700 millones de pesos”, añadió.

En tanto, la diputada por el Distrito 21, Karen Medina (Ind./DC), también valoró las modificaciones, pues sostuvo que estas apuntan en la dirección correcta al fortalecer el sistema de partidos y fomentar mayor transparencia y representatividad. Aun así, advirtió la importancia de “considerar algún mecanismo que promueva la participación de minorías”, para evitar que las medidas “terminen limitando la diversidad de ideas”.

Asimismo, la diputada por el Distrito 20, Marlene Perez (Ind./UDI), indicó que “la exigencia de presencia territorial ampliada y más firmas para la legalización podrían contribuir a evitar la proliferación de partidos políticos sin sustento real en la ciudadanía”.

Sin embargo, la parlamentaria expresó cautela ante una eventual tramitación del proyecto en la Cámara, y señaló que es fundamental realizar un análisis exhaustivo de sus implicancias. También manifestó su esperanza de que la discusión en el Senado sea productiva y abierta.

Por otro lado, el diputado por el Distrito 20 y jefe de bancada del PSC, Roberto Arroyo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que esta reforma termine cerrando más el sistema político. “Aumentar las barreras de entrada, como la exigencia territorial o la duplicación de firmas, podría beneficiar a los partidos tradicionales en desmedro de los movimientos emergentes”.

“Vamos a revisar con responsabilidad este proyecto, pero no estamos disponibles para validar normas que terminen limitando la democracia en vez de fortalecerla”, concluyó.