La Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados por el proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG) aprobó y despachó la iniciativa, con la unanimidad de sus integrantes.

De este modo, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo deberá ser revisada, en última instancia, por las respectivas salas de las corporaciones: en primer lugar, lo hará la Cámara de Diputadas y Diputados para luego pasará al Senado.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, valoró el respaldo unánime por parte de los integrantes de la Comisión Mixta al proyecto y señaló que “la aprobación de esta iniciativa es muy relevante, toda vez que el nuevo Servicio de Auditoría General de Gobierno es un avance sustantivo en el control interno que deben realizar los distintos órganos de la Administración del Estado, el cual se inserta dentro de un ecosistema de control que coadyuvará en la labor que realiza la Contraloría General de la República, permitiendo que los servicios públicos adopten todas las medidas preventivas que sean pertinentes para evitar eventuales irregularidades”.

“Todo lo anterior permite dar cumplimiento a una de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, y además sitúa a nuestro país dentro de los estándares internacionales de la auditoría interna”, agregó.

El proyecto de ley, que fue ingresado en septiembre de 2023, tiene por finalidad la creación de un órgano de la Administración del Estado que realice labores de auditoría interna de gobierno. Dicha tarea busca fortalecer el trabajo que hoy realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entregándole un nuevo rango de servicio con más herramientas en sus responsabilidades de supervisión, previsión y prevención de irregularidades.

Contenido

En lo sustantivo, el proyecto contempla la creación del SAIG, que consiste en un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Este organismo tendrá por objetivo colaborar para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, mediante actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen la revisión de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

Además, se contemplan diversas funciones asociadas a la auditoría interna gubernamental, las cuales dicen relación con asesorar al Presidente de la República; asesorar técnicamente a los auditores internos, formular o adoptar normas técnicas, lineamientos o esquemas, entre otras.

Adicionalmente, se establece que, de forma excepcional, el Presidente de la República podrá solicitar al SAIG realizar auditorías a los órganos que define la misma iniciativa, salvo en los casos en que se encuentre en curso una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en el mismo organismo y con los mismos objetivos. También se reconoce que el Servicio dependa técnicamente de la Contraloría General de la República.

Modernización de la Ley de Lobby a Hacienda

Por otro lado, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto que moderniza la Ley del Lobby y las gestiones de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la ampliación del concepto de “Lobby” y la creación del “representante de intereses”, así como la creación de la figura de “representante calificado de intereses”, que corresponde a quienes realizan influencia de forma intensificada, con mayor frecuencia. Estos últimos sujetos tendrán un régimen mayor de transparencia y reglas de integridad. Asimismo, la medida propone nuevos sujetos pasivos.

El proyecto, que comenzó su discusión en septiembre del año pasado en el Congreso Nacional, forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) y recoge las más recientes recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre esta materia.