Una serie de falencias en controles de tránsito realizados por Carabineros en las calles de la Región Matropolitana detectó la Contraloría General de la República (CGR) en un nuevo informe que activó las alarmas en torno a la rigurosidad de estos procedimientos.

De acuerdo al ente contralor, entre enero de 2023 y junio de 2024, se detectó que 626 vehículos que mantenían encargo por robo no fueron recuperados, aun cuando fueron fiscalizados por la policía; y que 144 personas que tenían órdenes de detención pendientes por delitos como abuso sexual, tráfico ilícito de drogas o microtráfico, porte ilegal de arma de fuego e infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros, no fueron detenidas, pese a que también fueron fiscalizadas en controles vehiculares efectuados por Carabineros.

Contraloría también detectó que la entidad policial emitió 869 boletas de citación que contemplan infracciones que derivaban en el retiro de circulación de los vehículos, sin embargo, estos no se realizaron. También se comprobó que en 145.715 procedimientos de control de tránsito, el personal policial no consultó respecto de las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), impidiendo conocer el estado de esos automóviles.

Asimismo, el informe sostiene que "quedó en evidencia que Carabineros no cuenta con dispositivos para analizar el nivel de transmisión luminosa de los vidrios, lo que impide efectuar el debido control a los coches con vidrios polarizados".

Finalmente, se advirtió la falta de una serie de procedimientos y/o normativas, "tales como estandarización en el uso de los sistemas utilizados para el control vehicular, normas que disponga el uso del Sistema de Información Operativa (SIO), aprobación de los registros de infracción y eventos en el sistema AUPOL, ausencia de la revisión y validación de los registros de control vehicular".

Tras los hallazgos, desde Carabineros salieron a hacer una "autocrítica", junto con anunciar una serie de medidas para mejorar el control vehicular. Entre ellas, la "revisión integral de los protocolos de consulta de antecedentes; el fortalecimiento de la coordinación entre unidades operativas y técnicas; la intensificación de los procesos de capacitación en fiscalización vehicular; y la incorporación de soluciones tecnológicas en el sistema de control vehicular institucional".

En tanto, desde el Gobierno, señalaron que solicitaron al director general de Carabineros, Marcelo Araya, cumplir con las adecuaciones señaladas por Contraloría y abrir un sumario administrativo, y también se solicitó que la institución "indague rápidamente si pueden existir indicios de delito para acompañar antecedentes adicionales al Ministerio Público", según dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

"Este informe es relevante porque detecta déficit en un ámbito donde las estrategias de control son muy significativas y expansivas. No hay nada más eficaz que el control, que el patrullaje policial y el control vehicular", complementó.

¿Tecnología, táctica o desidia?

Expertos en seguridad y carabineros en retiro dan cuenta de las eventuales razones que pudieran existir detrás de las falencias detectadas por Contraloría en los controles vehiculares.

Pedro Valdivia, coronel (r) de Carabineros y experto en seguridad, descarta que este tipo de situaciones se haya provocado por algún procedimiento "táctico" por parte de los funcionarios, como por ejemplo, estar esperando algún vehículo en concreto para poder fiscalizarlo.

"La hipótesis menos factible e improbable, es que se estuviera esperando algún vehículo. No funciona así el sistema de trabajo para un proceso de seguimiento", precisa.

También descarta un posible acto de corrupción en estos casos, debido al gran volumen de vehículos comprometidos en el informe. Lo que sí le parece más probable, es que haya razones técnicas detrás de estas fallas.

"El carabinero que está en la calle tiene problemas de comunicación, tiene problemas para generar enlaces para poder confrontar datos. Una cosa es fiscalizar y controlar, y otra es confrontar datos, es decir, que alguien te diga de quién es ese auto", comenta.

Una tercera alterantiva, a juicio del experto, es que efectivamente haya alguna conducta de desidia, "porque alomejor ese funcionario no tenga interés, tenga algún problema, u otra razón por la que decida no confrontar los datos de forma instantánea".

En esa misma línea, Juan Castañeda, cientista político de la U. Autónoma y experto en criminalidad, también respalda que pudiera existir una eventual "falta de rigurosidad" por parte de algunos funcionarios. "Puede existir alguna negligencia en el actuar, lo cual probablemente va a ser sancionado a través de un procedimiento de sumario".

Para Daniel Soto, Dr. en Procesos e Instituciones Políticas, Comité para la Prevención de la Tortura, puede existir un problema de planificación estratégica en la policía uniformada, es decir, que se ha priorizado determinadas áreas en perjuicio de otras.

"Hemos visto, por ejemplo, que recientemente, con ocasión de fiestas o de flujo vehicular muy anormal, Carabineros ha desplegado controles en la carretera, que es algo que no veíamos desde la pandemia. Me da la impresión que se había desestimado el valor o el alcance que podían dar para la seguridad los temas relacionados con controles vehiculares, y por eso que existiría déficit tecnológico o de control", precisa.

Pero a ello, suma que también puede existir falta de supervisión porque dentro de las obligaciones que tiene un funcionario que fiscaliza, "la que consiste en verificar no solo los documentos del auto, sino que también si el vehículo tiene encargo de búsqueda por robo, el vehículo no puede circular.

Significa que el trabajo se está haciendo medias". "Lo interesante de este trabajo es que emana de la Contraloría y no de asuntos internos de Carabineros, por ejemplo, lo que plantea que exista una oportunidad mejora importante para Carabineros tanto en la gestión como en la planificación y el control de las operaciones", subraya.

Factores contextuales