Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, advirtió que aumentar las penas o reducir la edad de responsabilidad penal para menores de edad podría generar una "falsa sensación de seguridad" en la ciudadanía.

Su preocupación surge en el contexto de la aprobación, en la Cámara de Diputadas y Diputados, de la idea de legislar un proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para hacer más severas las sanciones para los infractores que cometen delitos graves.

Actualmente, la legislación establece un máximo de cinco años de internación para los adolescentes menores de 16 años que hayan cometido algún delito. El proyecto propone ampliar esta posibilidad, permitiendo hasta 10 años de cárcel para los adolescentes menores de 16 años que hubiesen cometido delitos más graves o violentos.

La aprobación de la idea de legislar contó con un amplio respaldo, sumando 85 votos favorables. El apoyo provino no solo de la oposición, sino también de varios diputados de la Democracia Cristiana y del oficialismo. 

Debido a que se le incorporaron algunas indicaciones durante su tramitación, el proyecto fue enviado de regreso a la Comisión de Constitución para un nuevo análisis particular antes de continuar su avance legislativo.

"Es muy importante darle tiempo a esa reforma para mostrar resultados"

Faúndez ratificó la posición del Gobierno, solicitando más tiempo para evaluar la reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que fue aprobada en enero de 2023.

Esta reforma creó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que la trabajadora social y licenciada en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica encabeza, y modificó normas procesales de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, encontrándose actualmente en plena implementación.

"El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Jaime Gajardo) ha estado presente en las discusiones y el punto que él ha señalado coincide con lo que ha señalado también la Corte Suprema en su informe de inicios de junio, que es que como Estado diseñamos una reforma que se trabajó largamente con todo el mundo experto, con todo el mundo académico, que este mismo Congreso aprobó y que es muy importante darle tiempo a esa reforma para mostrar resultados", sostuvo la directora.

La reforma no solo creó el servicio que ella lidera, sino que también estableció un sistema de gobernanza y promovió la especialización de jueces, salas y el Ministerio Público. Faúndez enfatizó que "todavía ni siquiera estamos presentes en todo el país. Por lo tanto, estos cambios legales tampoco están todavía presentes en la Metropolitana, que es donde está el 60% de los jóvenes de los cuales estamos hablando".

"Esto —agregó— no implica desentenderse del carácter urgente o perentorio que tiene para la ciudadanía la necesidad de seguridad. Justamente, lo que nos preocupa es que se genera una falsa sensación de seguridad al tomar estas decisiones de una mano, como se dice vulgarmente, un poco más dura y nos quedemos con la sensación de que estamos viviendo en una sociedad más segura". 

Alertó, en esa línea, que "la evidencia comparada no da muestras de que endurecer las penas modifique el proceso de decisión de los jóvenes", que se encuentran "en una etapa del curso vital donde todavía están desarrollando el control de impulsos, donde están construyendo su identidad, donde el neurodesarrollo, incluso, todavía está moviéndose y no hay una elección racional como la que es discutible en adultos". 

Finalmente, la directora señaló que, aunque "es temprano para tener una actitud triunfalista", el Servicio "ya puede mostrar resultados que todos los actores involucrados señalan que van en la dirección correcta" en las regiones donde está operando, como una mayor dotación de profesionales, cambios en el modo de financiamiento de organismos colaboradores y la reducción de ausentismo escolar.