Los recientes casos de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas han reabierto el debate político sobre la necesidad de eliminar el secreto bancario para las autoridades públicas.

La discusión fue reinstalada por el senador Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social), quien busca reactivar su proyecto legislativo presentado originalmente en 2022 y que permanece estancado en la Comisión de Economía del Senado.

El legislador emplazó públicamente al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, solicitando que el gobierno patrocine el proyecto y le otorgue discusión inmediata.

"Me parece entonces que tenemos que ocupar todas las herramientas para perseguir verdaderamente el crimen organizado. Entonces, le pido públicamente al ministro Cordero que desde el Ejecutivo patrocinen un proyecto que presentamos hace rato los senadores regionalistas en términos del levantamiento del secreto bancario sin límites", afirmó Velásquez.

En esta línea, explicó que la iniciativa busca poner a "disposición cada uno de los sectores involucrados en la dinámica política pública, en la facilidad necesaria y la herramienta para que demos cuenta que queremos disuadir al crimen organizado, que no haya tentación alguna por seguir permeando distintas áreas del Estado".

El combate al crimen organizado

Desde otras bancadas, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores se sumó a la preocupación, señalando que el crimen organizado opera amparado en la "corrupción y la impunidad".

"En un país como Chile con 800 km de frontera con Bolivia y casi 200 con Perú, esto es gravísimo. Dependemos de la probidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y si algunos de estos miembros contrabandean, trafican o contienen droga, estamos fritos", puntualizó.

"Las comandancias en jefe deben aplicar el máximo rigor de sus procedimientos. Con las organizaciones criminales no se juega, así capturan los territorios y los países", añadió el legislador.

Investigaciones en la justicia civil

En la misma línea, el diputado socialcristiano y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Roberto Arroyo, aseguró que los casos de narcotráfico detectados en el interior de las filas militares no pueden ser juzgados a puertas cerradas ni en la justicia militar, sino que deben ser perseguidos por la justicia civil.

"Acá nos enfrentamos a dos situaciones. La primera, que dice relación con el actuar de los funcionarios de la FACh, y la otra, con el tráfico de drogas que va a investigar la justicia civil. Lo que me parece correcto, ya que coincido con la idea de que esto no se trata de materias militares. El tráfico de ketamina, (por ejemplo), es un delito común cubierto por la ley 20.000", enfatizó el parlamentario.

De todas maneras, Arroyo indicó que "además la justicia militar debiera accionar ante la eventual comisión de otros delitos de corte funcionario y que transgredan las normas castrenses".

En resumen, mientras algunos parlamentarios urgen por el levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades como medida inmediata, otros abogan por reformas estructurales más amplias contra el crimen organizado.