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Crónica
21/07/2025
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), la Ley Marco de Cambio Climático Nº 21.455, publicada el 13 de junio de 2022, establece en su artículo 12 la obligación de que cada municipio del país elabore un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (Paccc).
Este debe ser “consistente con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y en los planes de acción regional” antes de tres años desde la promulgación de la normativa, es decir, hasta el 13 de junio de 2025.
Sin embargo, Pablo Pinto, seremi del Medio Ambiente del Biobío, confirmó que gracias a una modificación reciente el plazo se amplió un año más. Esto, con el fin de que se puedan afinar detalles, ajustar diagnósticos y buscar financiamiento.
Recordemos que la Región del Biobío agrupa 33 comunas distribuidas en las provincias de Arauco, Biobío y Concepción.
Hasta la fecha, ocho municipios de la región han logrado la aprobación de sus Paccc en concejo municipal. “Hoy día tenemos ocho planes aprobados entre los que están las comunas de Curanilahue, Tirúa, Talcahuano, Penco. Hace unos días estuvimos en Nacimiento, que también aprobó su plan,” relató Pablo Pinto.
Agregó que varias comunas han avanzado positivamente. “Sé que Hualpén está con un avance importante. Coronel y Los Ángeles también. Creo que este segundo semestre deberían empezar a salir muchos más planes aprobados”.
Pinto explicó que la seremi del Medio Ambiente no tiene competencia directa para aprobar los planes, pero los guía y apoya gestionando recursos en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
“Hemos estado apoyando todo el proceso desde hace un par de años. Entre eso hubo un seminario y un diplomado que se le hizo a los funcionarios municipales. Además, algunos municipios recibieron recursos a propósito de la certificación. Otros recibieron recursos por parte de la Subdere”, detalló.
Respecto a la coordinación con el Plan de Acción Regional, el seremi afirma que el diseño comunal se enfoca en llegar al detalle y luego se articula en un seguimiento importante que considera zonificación costera, seguridad hídrica e incendios forestales bajo una lógica de paisaje, entre otros factores.
“El plan regional tiene una medida asociada a la geografía de las distintas zonas presentes en el territorio. Por ejemplo, una acción es la zonificación del borde costero en todas las comunas que tienen salida al mar. Es por ello que los planes comunales deben integrar todas las especificaciones para que se puedan sinergizar mejor en el plan regional”, declaró la autoridad regional.
Esta comuna está ad portas de presentar su plan. Y es que proyectan hacerlo durante agosto. Su Paccc cuenta con un diagnóstico de vulnerabilidades y un plan de participación ciudadana que espera articularse al Plan Regulador Comunal y al Plan de Desarrollo Comunal a desarrollarse el 2026.
“Los desafíos son acordes a la crisis climática que tenemos”, explicó la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chiguayante, Paola Peña.
“Levantar estas acciones desde lo que la ciudadanía observa es para nosotros una buena guía de cómo actuar, porque finalmente no somos señores sentados tras un escritorio con una verdad absoluta, sino que haciendo el levantamiento desde la vivencia del territorio y las vulnerabilidades del territorio y la ciudadanía”, manifestó la directora.
Peña indicó que el Paccc de Chiguayante viene a consolidar la integración ambiental en la planificación local. “Este plan nos va a permitir materializar la integración de la gestión ambiental a la gestión local en sus instrumentos de planificación. Si bien hoy la gestión municipal está regulada en la Ley Orgánica por los planes reguladores, el Paccc viene a formar parte de esas directrices de desarrollo”.
El municipio proyecta que durante 2026 su Plan de Desarrollo Comunal se actualice incorporando las acciones de adaptación y mitigación definidas en el Plan Comunal, asegurando “la transversalidad de la componente ambiental en cada acción del municipio”, manifestó Peña.
El director del Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción (UdeC), Ricardo Barra, explicó que un Paccc sólido debe contemplar los recursos hídricos de la zona, reconocer la conexión entre ecosistemas y gestionar los desastres naturales.
“Un plan de cambio climático comunal debe considerar el manejo de los residuos, las áreas verdes, el borde costero, las zonas de protección y conservación, pero también aspectos productivo del desarrollo de huertos urbanos y el fomento del turismo sostenible”, ejemplificó Barra.
El director enfatizó en la relevancia de capacitar equipos humanos y asegurar recursos financieros, además de definir indicadores claros.
“Las capacidades humanas son fundamentales para implementar el plan y, por otro lado, los recursos financieros. La cuidadosa selección de los indicadores de avance y metas claras son también muy importantes”, comentó.
Respecto a la relación con el Plan de Acción Regional, Ricardo Barra recomendó usarlo como hoja de ruta para generar sinergias y evitar esfuerzos dispersos. “Cada plan comunal debiera considerar las medidas allí indicadas y evaluar si es pertinente su implementación a nivel comunal. El Plan de Acción Regional debe ser la hoja de ruta que permita sinergias positivas en términos de impacto y uso adecuado de recursos.”
Además, Barra insta a evaluar continuamente los planes cada cinco años para medir efectividad y ajustar acciones en conjunto entre municipios y la región.
A pesar de estos avances, persisten varias barreras. Brechas en capacidades municipales, limitaciones presupuestarias y vacíos en la aplicación de sanciones por incumplimiento de plazos. Un informe de la Contraloría advirtió recientemente que “menos del 10 % de los municipios” ha avanzado en sus Paccc pese al vencimiento inicial de junio de 2025.
La extensión de plazo busca atender retrasos, pero las municipalidades y comunidades esperan que el énfasis se centre en la implementación como, por ejemplo, habilitar fondos concursables, fortalecer la asesoría técnica y fomentar la participación social para aumentar la pertinencia de las medidas.