La presentación del Informe de Finanzas Públicas (IPF) que hizo el Gobierno no estuvo exenta de polémicas. Es que, por un lado, hubo quejas de los parlamentarios por haber recibido un documento con números distintos a los que el Ministerio de Hacienda estaba presentando.

También hubo reacciones negativas frente a la constatación de que el déficit fiscal se ubicaría en 1,6% del PIB y no en 1,1%, como lo había comprometido el Ejecutivo. A lo anterior, se sumó un tercer elemento.

Es que el Gobierno anunció un recorte de gasto que se acerca a los US$1.900 millones, de los cuales US$870 millones se lograrían a través de medidas legislativas, que aumentarían ingresos o implicarían menores desembolsos.

La situación generó críticas.

La oposición y expertos cuestionaron que el Ministerio considerara esas medidas entre los recortes proyectados. Esto, debido a que se trata de políticas públicas que no tienen asegurada su ejecución y que dependen del Congreso. "Las modificaciones legales que pretenden recaudar US$800 millones podrían nunca implementarse.

Eso se aleja del criterio conservador que debe primar en la Dipres", comentó Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, defendió la decisión del Gobierno, de incorporar aquellas iniciativas en las proyecciones. "Uno tiene que ponerse la meta más exigente, con la prudencia fiscal que eso requiere para aquello.

Entonces son proyectos de ley que dependen de la aprobación del Congreso, pero nosotros desde el Ministerio de Hacienda creemos que efectivamente hay que hacer un ajuste fiscal, pensando en el mediano plazo sobre todo (...) Hoy día no tenemos mucho más espacio de gasto para rebajar de manera administrativa", indicó Martínez.

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Una de las medidas que el Ministerio de Hacienda informó que incorporará para corregir el gasto -y que obviamente debe pasar por el Congreso, pero dentro de la ley de Presupuestos- es la del límite a la reposición de vacantes por incentivo a retiro. También conocida como "3x1".

¿En qué consiste? Según un documento de la Dipres que detalla este tipo de iniciativas, tiene como objetivo "establecer como límite a la reposición de máximo una vacante de cada tres que se generen por funcionarios que se acojan a leyes de incentivo al retiro".

En otras palabras, por cada tres trabajadores que salgan retirados, solo se abriría una vacante. El mensaje entraría vía Ley de Presupuestos, en la segunda mitad del año. Según los cálculos de Hacienda, de aprobarse, implicaría un ajuste de $194.097 millones en 2026, $392.384 millones en 2027, $359.747 millones en 2028 y $349.949 millones en 2029.

Martínez especificó que "iniciamos una norma de retiro obligado para los mayores de 75 años en la administración pública". "Y por Ley de Presupuestos -añadió- vamos a legislar que esos cupos no puedan ser reemplazados en la administración pública. O puedan ser reemplazados siempre y cuando se acumulen tres retiros y ahí se reemplaza una persona".

Destacó luego que "necesitamos un ajuste de gasto permanente porque eso es lo que necesitamos".