Ambas cámaras del Congreso decidieron días atrás volver a renovar por 30 días el estado de excepción que rige desde mayo de 2022 en la Macrozona Sur, específicamente en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío.

Aunque en la instancia se dio cuenta de una disminución de hechos de violencia rural -en Biobío se habla de una merma de 58%-, los parlamentarios expusieron una postura crítica respecto a la forma en que se ha desarrollado la medida, un análisis en el que coinciden parte de los alcaldes de la Provincia de Biobío.

Esta es una zona que a veces sale del foco mediático dado que la mayor ocurrencia de atentados está en Arauco. Hace más de una semana, sin embargo, todo se devolvió a causa del ataque a la empresa Rucalhue Energía, que dejó medio centenar de maquinarias consumidas en Santa Bárbara.

En ese contexto, algunos alcaldes de la Provincia muestran su mirada crítica y proponen acciones para seguir fortaleciendo la seguridad de las comunidades: interconexión de un sistema de cámaras, lectores de patentes y mayor presencia del Ministerio Público y unidades policiales son parte de las urgencias que plantean.
El presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, dice que la verdad es que hace falta una mayor presencia de efectivos en el marco del estado de excepción. Mayor es su preocupación luego de conocer que sus carabineros, además de los de Santa Bárbara, tendrán que ir a cuidar la represa que construye Rucalhue Energía, es decir, "vamos a quedar sin seguridad".