Endurecer las sanciones por abandono de animales, eliminar el uso de collares como identificación oficial, obligar a los veterinarios a notificar la existencia de cada mascota a los municipios y declarar judicialmente a perros como “potencialmente peligrosos” por atacar a otros animales, son algunos de los cambios que contempla el proyecto de ley que modifica la actual Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley 21.020). La propuesta fue recientemente aprobada de forma unánime en su primer informe por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto impulsado por el diputado Félix González incorpora cambios estructurales al sistema de registro de mascotas, establece sanciones penales más duras contra el abandono y propone la creación de un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal. Desde el Colegio Médico Veterinario del Biobío valoran parte de la iniciativa, pero advierten sobre la sobrecarga de funciones para el gremio y la necesidad de un enfoque más integral.

El proyecto busca cerrar brechas del actual marco legal, que, pese a sus avances, aún enfrenta serias dificultades para fiscalizar, sancionar y evitar el abandono animal. “Queremos terminar con la práctica del abandono, y para eso el proyecto tiene varias medidas”, explicó el diputado. “Una de ellas es fijar la pena por abandono animal hasta tres años de cárcel. Crear el registro nacional de maltratadores de animales. Modificar o perfeccionar el sistema de los chips, para que sean los veterinarios los obligados a identificar a las personas responsables de los animales”.

El legislador, representante del distrito 20, sostuvo que, si bien toda política pública debe ir acompañada de medidas educativas, hay un segmento de la población que actúa a plena conciencia. “Son personas que tienen claro que lo que están haciendo está mal. Por eso tiene que fijarse la pena en tres años, para que la fiscalía no bote las causas de maltrato animal y los tribunales de justicia sancionen”, indicó.

La diputada por el Distrito 21, Flor Weisse, valoró la iniciativa, señalando que “fortalece la protección y el bienestar animal. Destaca especialmente la obligatoriedad del microchip interno, lo que mejoraría la trazabilidad de las mascotas y facilitaría su identificación”.

Entre los cambios propuestos, destaca la creación de un Registro Público Nacional de Condenados por Maltrato o Crueldad Animal, herramienta inexistente hasta ahora en la legislación chilena. También se propone eliminar definitivamente el uso de dispositivos externos (como collares o placas) como identificación válida, permitiendo sólo dispositivos internos, como microchips subcutáneos. Esta última medida fue valorada por el Colegio Médico Veterinario.

“Estamos convencidos de que el uso de dispositivos externos no sirve. Este permiso ha sido causa de un relajo para cumplir la normativa. Por lo tanto, recomendamos que la identificación sea exclusivamente a través de dispositivos internos, salvo casos justificados por bienestar animal”, explicó Karen Sepúlveda, vicepresidenta del Consejo Regional Biobío de Colmevet.

Sepúlveda, sin embargo, advirtió sobre el impacto que tendrá en el gremio la obligación legal de emitir un comprobante de existencia de cada mascota y enviarlo a la municipalidad correspondiente. “Esto impone una carga administrativa y tiene un impacto real en el aumento del registro. A nosotros nos imponen obligaciones, sin siquiera estar incorporados aún como profesionales de la salud en el Código Sanitario”, enfatizó

Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la posibilidad de que los juzgados de policía local ordenen el comiso de un animal desde la primera infracción grave, sin necesidad de reincidencia. Esta medida busca dar herramientas más rápidas a las autoridades para intervenir ante casos de maltrato, riesgo público o negligencia reiterada.

Junto con ello, se amplía la definición de perros potencialmente peligrosos, incluyendo no sólo a aquellos que hayan agredido a personas, sino también a los que hayan causado daños de consideración a otros animales domésticos o especies nativas. Esta declaración podrá hacerse vía resolución judicial y conlleva medidas como el uso obligatorio de bozal, la esterilización, contratación de seguros y restricciones en su circulación.

Weisse indicó que, “ampliar las causales para declarar a un perro como potencialmente peligroso es una medida necesaria para prevenir daños a otras especies”. Además de calificar como relevante que “los juzgados puedan actuar sin esperar reincidencias, ya que esto agiliza la respuesta ante situaciones de riesgo” expresó la diputada.

Sin embargo, desde el Colegio Médico Veterinario del Biobío llaman a tener cuidado con este enfoque, por sus posibles implicancias clínicas y éticas. “Hasta ahora se ha intentado clasificar a ciertas razas como peligrosas, lo que no se condice con la realidad. Este es un problema multifactorial que requiere un enfoque más colaborativo. No es que una raza sea peligrosa, sino que hay múltiples factores que pueden incidir. Por eso creemos que esta categorización debe evaluarse caso a caso por un profesional pertinente”, sostuvo Karen Sepúlveda.

El proyecto también establece un plazo específico para que los tutores inscriban a sus mascotas en el Registro Nacional, una de las principales debilidades detectadas en la implementación actual de la Ley de Tenencia Responsable. De igual modo, se faculta a veterinarios y técnicos para emitir un comprobante de existencia por cada animal atendido, y obliga a remitirlo a los municipios para mejorar la fiscalización local.

“Hay muchos animales que no atacan a nadie, pero que están en abandono, que pasan frío, que comen de la basura. Y cuando se trata de perros y gatos que forman jaurías, afectan también a la fauna silvestre o al ganado en zonas rurales. Por eso es tan importante abordar este problema de forma integral”, afirmó el diputado Félix González.

Respecto a la creación del Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal, desde Colmevet consideran que su impacto podría no ser masivo, pero sí relevante. “Sería bastante útil para registrar a personas que suelen incurrir en estos actos. Hoy, si bien existe la prohibición de tener animales como castigo, no hay una herramienta clara que permita hacer seguimiento de esas sanciones”, indicó Sepúlveda.

Weisse también manifestó su respaldo al aumento de sanciones por abandono, entendiendo que “la impunidad fomenta el maltrato”. En esa línea, valoró “la creación de un registro de condenados, lo que permitiría un mayor control y seguimiento”. Evaluó que “este proyecto contribuye significativamente a la prevención del abandono y al fomento de una tenencia responsable”.