La Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público -convocada por el exministro de Hacienda Mario Marcel en mayo- entregó ayer su informe final, con sugerencias concretas para reducir el gasto público en casi US$2.000 millones y estudiar ahorros estructurales.

En total, la entidad presentó 34 propuestas. De ellas, 16 corresponden en estricto rigor a reducciones del gasto. Según lo comunicado ayer por el Ministerio de Hacienda, dos se podrían hacer efectivas en el 2026, por un total de $25.508 millones; y 13 se podrían hacer efectivas entre 2027, 2028 y 2029, por un total de $1.460.878 millones. Una última se podría llevar adelante con posterioridad al 2030, por un total de $456.502 millones.

Limitar gratuidad y terminar con Segegob

El informe propone mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en Educación Superior. Con esto, precisa, se podría lograr un ahorro de $54.552 millones anuales a largo plazo. Se especifica que en el primer año el ahorro sería de $20.586 millones.

En la misma línea, se propone evaluar incorporar el criterio de edad en la asignación de gratuidad, con lo que se podrían economizar $80.848 millones. Asimismo, se plantea modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en educación superior.

Esto implicaría un ahorro de $456.502 millones. Sobre este punto habló esta mañana en Radio Infinita la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Explicó que "de lo que hemos observado en la gratuidad, que efectivamente es un gasto que al año crece del orden de los US$200 millones (...) el Ejecutivo, y también en búsqueda de generar más espacio y responsabilidad fiscal, lo que ya propuso dentro del proyecto que cambia el CAE, una postergación de los gatillos de gratuidad".

"Cuando se legisló la gratuidad se legisló hasta el sexto decil y cuando se cumplieran ciertos gatillos de ingresos estructurales al séptimo y al octavo (...) El Ejecutivo lo que hizo fue postergar este séptimo y octavo decil, por un tema de orden de prioridades", sostuvo asimismo.

El documento propone cerrar el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno -cartera actualmente liderada por Camila Vallejo-, específicamente, reubicando sus funciones. Esto, considerando la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior, que ya no está a cargo de la seguridad y actúa como coordinador de Gobierno.

El ahorro de llevarse a cabo esta medida llegaría a los $16.027 millones, especifica el documento. También se plantea fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral, que son principalmente las licencias médicas al sector público, lo que permitiría un ahorro de $572.627 millones.

El informe además apunta a revisar la continuidad de servicios como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), para "evitar traslapes y fragmentación. El transporte público también se encuentra en las propuestas.

El documento de la Comisión sugiere facilitar pagos, reducir evasión y fortalecer ingresos en el transporte público metropolitano. El ahorro sería $89.100 millones En el informe además se encuentran la revisión y plan de ajuste de las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en establecimientos educacionales públicos, con un ahorro de hasta $169.241 millones; el promover prácticas de compras eficientes y fortalecer la transparencia en los procesos de compra pública, para economizar unos $50.924 millones.

"Como Ejecutivo analizaremos las más de 30 recomendaciones y cuando presentemos el proyecto de ley de Presupuestos 2026 daremos a conocer un plan de acción que detallará qué medidas acogeremos", señaló Martínez ayer en un comunicado. "Actualmente son muchos los desafíos que enfrenta el gasto público, por lo que los cambios que el país requiere deben enfrentarse con realismo y mediante un acuerdo político amplio", agregó.

Cabe recordar que la Comisión estuvo compuesta por cinco especialistas con trayectoria en el sector público, la academia y organismos internacionales: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga.