La Contraloría General de la República (CGR) detectó que otros 10 mil 805 funcionarios que son parte de servicios públicos, con presencia en regiones, viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

De acuerdo con un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto implicaría el uso irregular de 15 mil 257 licencias emitidas entre los años 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y un 24% a Isapres.

Cabe mencionar, además, que estos más de 10 mil casos detectados se suman a los 25 mil dados a conocer el 20 de mayo pasado por la entidad contralora. Esto de acuerdo a información oficial aportada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Policía de Investigaciones (PDI).

En el Biobío

Dentro de estos 10 mil nuevos casos detectados por la CGR, son 1.201 los funcionarios que corresponden al Biobío.

Estos son parte de 51 servicios públicos de la zona, de acuerdo a datos proporcionados a Diario Concepción. Entre el reporte, la repartición que presenta más casos es el Servicio de Salud Concepción con 397 funcionarios; seguido por el Servicio de Salud Talcahuano, con 188 funcionarios.

En el tercer y cuarto puesto se encuentra el Servicio de Salud Arauco y el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur (112 y 111, respectivamente).

Asimismo, hay reparticiones que registran sólo una situación en el nuevo reporte, como es la situación de la Municipalidad de Santa Juana, la Dirección Regional de Corfo, entre otros.

De acuerdo a la institución fiscalizadora, el nuevo informe había sido comprometido por la Contralora General, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Del total nacional, la CGR precisó que “respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios”.

Asimismo, desde el órgano contralor indicaron que notificarán a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos necesarios y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (Siad) de la CGR, en un plazo de 5 días hábiles.
Además, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Suseso, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), “para que se ejerzan las acciones que correspondan”, señalaron en la CGR.

Comisión Investigadora

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja, sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público, realizó las últimas audiencias antes de abocarse a la elaboración del informe de conclusiones y propuestas.

En sus dos últimas jornadas recibió a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Marcelo Forni, entre otros invitados.

En primer término, la ministra Aguilera indicó que desde el ministerio y su institucionalidad han abordado el tema por el alto uso e impacto financiero que implican las licencias médicas, así como por la detección de su uso fraudulento.

No obstante, puntualizó que las atribuciones del Compin no son iguales a las que tiene la Contraloría General de la República y por eso, las cifras y datos pueden presentar diferencias.

En esa línea, apuntó que el pago del 100% de las licencias médicas a los funcionarios públicos es una materia planteada entre las posibles modificaciones.

Por su parte, el presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Marcelo Forni, criticó que, actualmente, hay pocas sanciones para los usuarios que presentan licencias médicas falsas.

Por ende, planteó que por la vía legal podrían generarse sanciones tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo. Afirmó que pese a “ser una discusión poco popular, ya que, quizás, estamos hablando de un rediseño completo del sistema”.

En materia de cifras, Forni abordó el impacto por el alto uso fraudulento de los permisos de salud. Así, indicó que el año 2024 se emitieron más de ocho millones de licencias, lo que representó un incremento de un 2,1% con respecto al año anterior. Como consecuencia, el costo estimado del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) el año 2024 fue de 3 billones de pesos, lo que significó un incremento de un 7,5% en comparación con el periodo anterior.