La seguridad de los recintos penitenciarios volvió al centro de la discusión legislativa. En el Senado avanza un proyecto que busca fortalecer la protección perimetral de las cárceles, ampliando las sanciones por la introducción de objetos que puedan poner en riesgo la vida, salud o integridad de quienes permanecen en su interior.

La iniciativa modifica el artículo 304 bis del Código Penal y fue despachada por la Comisión de Constitución para ser debatida en la Sala. Su discusión coincide con la reciente fuga de reos en Valparaíso, episodio que remarcó la urgencia de reforzar los controles en el entorno de los penales.

El objetivo es extender la sanción a todo tipo de elementos peligrosos o de comunicación con el exterior, no solo a los ya contemplados en la norma vigente. Con ello se busca reducir las vulnerabilidades que, en muchos casos, nacen en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en segundo trámite legislativo, tras haber sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados. Ese avance refleja el consenso en torno a la necesidad de endurecer las sanciones, a la espera de que la Sala del Senado lo discuta en general y en particular.

Junto a esta propuesta, los senadores también revisan otra iniciativa destinada a agilizar la construcción y ampliación de cárceles, mediante la reducción de trámites y plazos administrativos. El propósito es responder a la sobrepoblación penal y a las necesidades de infraestructura detectadas en diversas regiones.

En la última sesión se votaron cinco indicaciones, aprobándose solo la presentada por la senadora de Tarapacá, Luz Ebensperger, que establece la figura de “silencio positivo” para que la falta de informes en plazo sea considerada como aprobación.

La Comisión de Constitución acordó retomar el análisis el próximo 29 de septiembre, instancia en que también revisará el proyecto que crea el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería, pieza que busca dotar de mayores atribuciones y capacidad operativa a la institución.

Mirada local

En la Región del Biobío son varias las comunas que conviven a diario con establecimientos penitenciarios en su territorio. Concepción, Coronel, Los Ángeles, Yumbel, Mulchén, Arauco y Lebu albergan cárceles y por ello se ven directamente impactadas por las decisiones legislativas que apuntan a reforzar la seguridad y ampliar la infraestructura carcelaria.

Un ejemplo cercano es Concepción, que concentra una de las cárceles más grandes del país —El Manzano I y II—, emplazada en plena zona urbana y con incidencia directa en la vida de la ciudad.

En este escenario, el alcalde penquista, Héctor Muñoz, destacó la importancia del debate legislativo, advirtiendo que el sistema penitenciario enfrenta una sobrepoblación crítica, con más de un 140 % de hacinamiento. Según señaló, esta realidad ha favorecido la violencia estructural y la expansión de redes criminales que operan desde el interior hacia el exterior de los recintos.

Para el jefe comunal, el impacto local es directo: “Tan solo el penal El Manzano concentra cerca de tres mil internos, entre ellos bandas de narcotráfico y crimen organizado internacional como el Tren de Aragua. Hemos tenido incluso asesinatos en las puertas del recinto”, dijo, subrayando que la ubicación del complejo, en plena zona urbana, multiplica los riesgos para los vecinos.

Entre las medidas que demanda, Muñoz apuntó a “una intervención mucho más potente: mejor iluminación, despeje de sectores que bloquean cámaras, control policial reforzado en horarios críticos y un ordenamiento completo del entorno”. A su juicio, los espacios inmediatos al muro del penal deberían quedar bajo administración de Gendarmería, evitando la instalación de negocios informales como kioscos o food trucks.

Respecto de la coordinación existente, explicó que se trabaja en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, Gendarmería, Carabineros y la Seremi de Seguridad, lo que ha permitido fiscalizar el comercio irregular y frenar traslados de alto riesgo. Sin embargo, reconoció que se requieren más recursos, tecnología y liderazgo político.

“Las cárceles ya no son espacios aislados, son nodos donde operan redes criminales, y si las políticas penitenciarias no se conectan con las de seguridad pública, el problema seguirá reproduciéndose en la calle”, finalizó.