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Crónica
23/09/2025
En el sur de Chile, un fenómeno cada vez menos excepcional —los tornados— ha sacudido localidades y generado una pregunta persistente: ¿por qué aún no se instala la red nacional de radares prometida hace ya seis años que permita detectarlos a tiempo?
La propuesta fue lanzada en 2019, en respuesta a los tornados que ese mismo año afectaron gravemente a Los Ángeles y Talcahuano. Desde entonces, han ocurrido al menos 17 emergencias vinculadas a tornados en la zona sur del país.
La más reciente ocurrió el fin de semana en la comuna de Linares, Región del Maule, lo que reavivó la preocupación colectiva, especialmente en las comunidades que ya conocen el drama de destrucción que dejan estos fenómenos.
A pesar del período transcurrido, el plan para construir una red nacional de radares que permita detectar fenómenos meteorológicos severos no ha mostrado progresos tangibles. No se ha establecido financiamiento, ni se han desplegado dispositivos, ni siquiera se ha definido un cronograma claro para su realización.
En zonas como Penco, en la región del Biobío, las autoridades locales insisten en que esta ausencia de infraestructura meteorológica especializada pone en riesgo vidas humanas más allá de los daños materiales. Rodrigo Vera, alcalde de Penco, advierte que “no se trata de esperar que el daño ocurra, sino de adelantarnos, dar información oportuna y proteger vidas”.
Cada vez son más quienes coinciden en que los tornados ya no pueden verse como eventos aislados o extraordinarios. El cambio en la frecuencia y la virulencia de las emergencias sugieren que las condiciones atmosféricas del país, particularmente en el sur, requieren contar con instrumentos de alerta temprana como radares, redes de sensores o sistemas de detección más sofisticados.
Actualmente, nuestro sistema meteorológico depende de estaciones de superficie y de modelos climáticos que pueden advertir condiciones generales, pero no tienen la capacidad de localizar un tornado con precisión suficiente.
Aumento del riesgo para las personas y comunidades. Los tornados suelen provocar grandes destrozos en viviendas, infraestructura, comercio local, y generan daños que podrían mitigarse si se pudieran emitir alertas tempranas fiables.
Costos posteriores elevados. La falta de inversión preventiva termina representando cargas mayores para gobiernos locales y nacionales en reconstrucción, ayudas sociales, restablecimiento de servicios, etc.
Sensación de abandono. En las comunas afectadas, la repetición de desastres sin respuesta estructural refuerza la desconfianza y la demanda por responsabilidad estatal.
Asignación de financiamiento claro y público. Que se destine presupuesto específico y transparente para la red de radares y otros mecanismos de detección temprana.
Cronograma definido y participación local. No basta con anunciar; se requiere planificar dónde se colocarán los radares, con qué tecnología, quién los operará, cómo se integrará la información.
Colaboración entre organismos meteorológicos, científicos y autoridades regionales. Para que los diseños respondan a la geografía local, los patrones meteorológicos particulares y las necesidades concretas de alerta temprana de cada zona.
Educación y conciencia pública. Informar a la población sobre los riesgos, los signos de advertencia y los protocolos en caso de tornado o tormenta severa.
La historia está clara: Chile ya no puede permitirse esperar. Seis años de anuncios sin ejecución concreta han dejado a comunidades vulnerables sin la protección que prometieron. Ante cada nueva emergencia, la urgencia se renueva, pero sin acciones reales que lo acompañen, las promesas quedan flotando en el aire —como un tornado que amenaza, sin aviso, con devastar lo que encuentra.
