Nacional
Crónica
Política
25/09/2025
Hace casi doce meses, el país fue sacudido por la revelación del denominado caso Audio, cuya grabación puso bajo fuego público los mecanismos de nombramientos en el poder judicial, amplificando cuestionamientos sobre tráfico de influencias, favoritismos y falta de transparencia.
El escándalo provocó una respuesta urgente: el Ejecutivo y el Poder Judicial acordaron impulsar una reforma constitucional que modificara los procedimientos de designación de jueces y otros cargos, con la expectativa de restituir la confianza ciudadana. El proyecto fue ingresado formalmente al Congreso el 16 de octubre de 2024.
Hoy, casi un año después, ese ambicioso paso ha quedado detenido: la reforma sigue estancada en el Senado, en segundo trámite constitucional, sin señales claras de que vaya a avanzar pronto.
La reforma prevista contemplaba la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, encargado de conducir concursos y presentar ternas con postulantes, en un intento de reducir arbitrariedades y asegurar criterios de mérito.
Pero el diseño institucional no convenció a todos. En la Cámara de Diputados, la integración propuesta para ese consejo fue rechazada, lo que obliga ahora a que el Senado reformule o dé luz verde a una versión modificada.
Mientras tanto, actores políticos y parlamentarios debaten con intensidad: unos defienden que el Senado mantenga rol de ratificación, otros advierten riesgo de control político disfrazado, y hay quienes critican la lentitud del proceso frente a la “urgencia” declarada.
En julio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general con 110 votos a favor y 4 en contra, lo que permitió su envío al Senado para continuar el trámite.
Lo que parecía un impulso imparable tras el escándalo —con unanimidad moral y exigencia ciudadana— ahora luce como una promesa atrapada en la tramitación parlamentaria. El sello de “urgencia suma”, asignado al proyecto, no ha logrado vencer los obstáculos institucionales ni las disputas políticas. Emol
Para algunos, esto refleja una debilidad estructural del sistema: las reformas que tocan el poder de nombramientos enfrentan resistencia porque implican ceder prerrogativas, revisiones profundas y redefinición de equilibrios entre poderes.
El caso Audio, con su carga simbólica, sigue movilizando discursos y críticas. Pero mientras la reforma no despegue definitivamente, corre el riesgo de quedar como un reclamo estéril más, más allá del ruido mediático.
