Parlamentarios de la UDI anunciaron la presentación de un proyecto de ley -y la reactivación de otro- ante los reiterados reclamos de usuarios asegurando que siguen existiendo las llamadas no deseadas, pese a que en agosto comenzó a regir la ley del uso de prefijos.

La iniciativa fue propuesta por la subjefa de la bancada, Marlene Pérez, junto con la integrante de la comisión de Economía, Flor Weisse, y el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

Cabe señalar que la nueva normativa que entró en vigencia a mediados de agosto establece que todas las llamadas comerciales deberán llevar los prefijos 600 y 809.

El primero de ellos, cuando el contacto sea solicitado por el usuario o exista una relación contractual, mientras que el segundo para las llamadas de empresas con las que no se tiene relación.

Pese a la legislación, los parlamentarios gremialistas advirtieron de una seguidilla de reclamos por parte de los usuarios, quienes incluso señalan que han recibido hasta 15 llamadas diarias, ya sea de cobranza o de alguna empresa que ofrece un servicio.

En redes sociales también se dan a conocer casos similares. Por lo mismo, los diputados calificaron la nueva ley como "insuficiente" y acusaron que "no frenó el acoso ni el hostigamiento del que son víctimas los chilenos".

En esa línea, anunciaron que en primer lugar, presentarán un proyecto de ley que obliga a las compañías de servicio telefónico a implementar una herramienta o plataforma para que los usuarios puedan detectar y bloquear todas las llamadas con fines comerciales que no hayan sido solicitadas por ellos.

En segundo lugar, los integrantes de la Bancada UDI informaron que solicitarán iniciar la tramitación de un proyecto de ley que presentaron en 2023, que además de fijar un horario para las llamadas de cobranza -de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00-, las limita a un máximo de una semanal. "

Lamentablemente, la nueva ley sobre prefijos únicos no logró resolver el hostigamiento y el acoso del que todos los días están siendo víctimas millones de chilenos.

La sola obligación de anteponer un número para que los usuarios pudieran identificar las llamadas no impide que sean contactados, ni por razones de cobranza ni para ofrecer algún servicio, lo que ha llevado a que muchas personas estén recibiendo más de diez o hasta veinte llamados al día", cuestionaron los diputados.

En ese sentido, sostuvieron que "ese es un acoso que tiene que detenerse, porque las empresas que están detrás ni siquiera distinguen horario, edad ni condición, por lo que incluso están hostigando a adultos mayores o personas enfermas con sus llamadas".

En el caso de las llamadas spam que buscan ofrecer la contratación de un servicio, los parlamentarios afirmaron que es "indispensable que las personas tengan el derecho a elegir quiénes los pueden contactar". Mientras que sobre las llamadas de cobranza extrajudicial, los diputados aseguraron que "retrasarse en el pago no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo".

"Hemos sabido que varias personas, entre ellos adultos mayores, por dejar de contestar números desconocidos ante el acoso que están sufriendo, han incluso perdido horas medidas que esperaban desde hace meses. Es una realidad que se tiene que terminar, porque estamos llegando a un nivel donde las empresas no respetan ni la más mínima privacidad", reiteraron Pérez, Weisse y Fuenzalida.