Una drástica disminución en las solicitudes y certificaciones de parcelaciones rurales se ha registrado en los últimos tres años, luego de la implementación de una nueva normativa que busca frenar el uso habitacional de predios rústicos.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Agricultura con el fin de resguardar el uso productivo del suelo y evitar la proliferación de viviendas en zonas no urbanizadas.

En 2022 se aprobaron 15.183 proyectos de subdivisión de terrenos agrícolas en todo el país. Sin embargo, para 2023 esa cifra cayó a 7.774 y, a julio de 2025, solo se han certificado 4.255 proyectos, mientras que otros 6.345 se encuentran actualmente en evaluación.

Impacto regional: el sur como epicentro

Las regiones del sur del país —en particular La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos— han sido las más afectadas por esta disminución. Estas zonas, que durante la pandemia vivieron un auge en la demanda de parcelas de agrado, hoy enfrentan un freno importante en nuevos desarrollos.

• En La Araucanía, las certificaciones bajaron de 2.708 en 2022 a 1.147 en 2023. Actualmente, 513 solicitudes siguen en tramitación.

• En Los Ríos, la caída fue de 1.122 a 458, con 298 en evaluación.

• En Los Lagos, los certificados pasaron de 3.421 a 1.345, con 402 casos en curso.

Además, otras regiones como Maule, Ñuble y Biobío aún mantienen una alta cantidad de solicitudes en espera: 1.799, 1.202 y 1.009 respectivamente.

En contraste, regiones australes como Aysén y Magallanes presentan un escaso movimiento en este tipo de trámites, con cifras mínimas de solicitudes en proceso.

Una medida que busca frenar el desorden rural

La nueva normativa responde al crecimiento descontrolado de parcelaciones con fines habitacionales, muchas de ellas sin vocación agrícola ni acceso a servicios básicos, como agua potable o electricidad. Estas subdivisiones se realizaban bajo el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual permite dividir predios rústicos sin pasar por la normativa urbana.

Sin embargo, la autoridad ha enfatizado que estos proyectos deben tener un destino agrícola, y no inmobiliario, para evitar la expansión urbana informal en zonas no habilitadas.

Preocupación por el desarrollo rural

El endurecimiento de los requisitos ha generado inquietud entre desarrolladores inmobiliarios, comunidades rurales y particulares que proyectaban asentarse en zonas agrícolas. Algunos gremios han manifestado su preocupación por la lentitud en los procesos de evaluación y la necesidad de contar con una normativa clara que permita compatibilizar la protección del suelo agrícola con el desarrollo planificado de nuevas zonas habitacionales.