El teletrabajo en el sector público se instaló como uno de los debates prioritarios en el Congreso. La modalidad que comenzó como una salida excepcional durante la pandemia hoy funciona bajo un plan piloto aplicado en 40 servicios estatales. Sin embargo, persiste un vacío, pues aún no existe una ley permanente que lo regule y tenga las condiciones de asegurar derechos y obligaciones laborales claras para los funcionarios.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) es la encargada de liderar la aplicación del piloto, vigente hasta 2026. El esquema permite a cerca de 7 mil funcionarios —un 27 % de la dotación autorizada— trabajar a distancia. Las primeras evaluaciones apuntan a mejoras en productividad y conciliación laboral y familiar, aunque todo depende todavía de resoluciones transitorias sujetas a prórrogas.

De acuerdo con los informes enviados por 36 de los 40 servicios, la modalidad no ha afectado el cumplimiento de metas institucionales. Por el contrario, se destaca una reducción en el gasto por horas extras, una optimización de recursos y una mayor capacidad para retener personal calificado. Los funcionarios, en tanto, valoran los ahorros de tiempo en traslados y la flexibilidad de horarios.

El balance es positivo; sin embargo, convive con dificultades que no son menores. Los reportes identifican brechas de conectividad en regiones, problemas de control jerárquico por parte de las jefaturas, tensiones entre equipos con y sin teletrabajo y riesgos de extensión de la jornada, lo que pone en cuestión el derecho efectivo a la desconexión.

En medio de este escenario, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) llevó sus planteamientos a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara. El gremio recalcó que, sin una regulación estable, el teletrabajo corre el riesgo de transformarse en precarización laboral y generar desigualdad entre servicios, dependiendo de la discrecionalidad de cada jefatura.

Entre sus propuestas, la ANEF defendió un modelo híbrido, acompañado de instancias de participación vinculante con asociaciones de funcionarios. También demandó compensación de gastos, cobertura de accidentes laborales y una norma que asegure que quienes teletrabajan no sean excluidos de ascensos, capacitaciones o evaluaciones.

La discusión ahora apunta a una definición crucial: de no aprobarse una ley antes de 2026, el plan piloto caducará y el futuro del teletrabajo en el sector público quedará en un terreno incierto.

Posturas desde el parlamento

Consultada acerca de la necesidad de dar continuidad al plan de teletrabajo en el sector público, la diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), señaló que la modalidad “tiene beneficios ciertos, siendo una realidad en distintos puntos del mundo”. En esa línea, sostuvo que resulta necesario avanzar en una normativa clara que permita extender esta práctica más allá de 2026.

Acevedo planteó que lo fundamental es regular con precisión los tiempos de trabajo. “Hay que establecer reglas claras, y en eso es prudente establecer criterios sobre la extensión de los horarios”.

Sobre las propuestas de un modelo híbrido con cobertura de accidentes que expuso la ANEF, la parlamentaria manifestó su apoyo explícito en caso de una eventual discusión legislativa. “Apoyaré los requerimientos (…), me parecen de toda lógica y justicia para los trabajadores y trabajadoras”.

En paralelo, para la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), el debate sobre teletrabajo debe ir acompañado de certezas y responsabilidad. A su juicio, “el teletrabajo puede ser una herramienta útil, siempre que garantice la eficiencia del Estado y no afecte la atención a los ciudadanos ni la rendición de cuentas”, señaló.

Weisse también abordó la brecha de conectividad que afecta a zonas rurales y limita el acceso equitativo al teletrabajo. A su juicio, el Estado debe enfrentar este tema con visión de equidad territorial. “La brecha digital es un desafío estructural. El Estado debe fortalecer la conectividad regional con un enfoque equitativo”, recalcó.

Analizando la exigencia de la ANEF, la congresista apuntó que se “debe garantizar la protección del trabajador, pero también la eficiencia del gasto público y la igualdad de condiciones entre quienes teletrabajan y quienes cumplen funciones presenciales”, concluyó.

Por su parte, el diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), indicó que la discusión sobre las condiciones laborales del servicio público debe centrarse en un enfoque integral que vaya más allá de la productividad. “Es fundamental priorizar aspectos como la salud mental de los empleados y la equidad de género en el acceso, así como también la efectividad de la supervisión de los equipos a distancia”.

“El Estado podría implementar medidas como mejorar la infraestructura de conexión a internet en áreas rurales, proporcionar apoyo tecnológico y capacitación a los funcionarios que lo necesiten, y fomentar acuerdos con empresas de telecomunicaciones para ampliar la cobertura en zonas remotas”, concluyó.

De manera integral, el diputado por el Distrito 20, Félix González (PEV), comentó que, si bien la pandemia abrió un camino para nuevas formas de trabajo en el Estado, subrayó que la experiencia tuvo luces y sombras. En esa línea, planteó que falta una evaluación más detallada: “Espero que se haga de manera responsable porque tampoco podemos hacer experimentos para luego darnos cuenta de que tenemos que retroceder”, finalizó.