La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, informó que su organismo preparará 16 nuevos informes centrados en irregularidades detectadas en el proceso de recepción, almacenamiento y destrucción de drogas incautadas. 

Estas auditorías se suman a las ya realizadas en 2024, cuando los reportes preliminares revelaron graves deficiencias: drogas apiladas en pasillos y oficinas por falta de espacio de almacenamiento, ausencia o mal funcionamiento de hornos para su destrucción, y retrasos excesivos que podían alcanzar hasta un año antes de su eliminación. 

Según Pérez, los nuevos informes abordarán varios focos de riesgo detectados con anterioridad, como fallas de registro, inconsistencias en el pesaje de las sustancias incautadas, diferencias entre lo reportado por las policías y lo recibido por los servicios de salud, y carencias en la infraestructura para su destrucción. 

La contralora recalcó que “nuestras policías … se arriesgan para incautar drogas … y después la droga queda allí guardada en un servicio de salud, que no tiene ni las capacidades ni siquiera los hornos para quemarlos”. Además, alertó sobre el peligro latente de que las sustancias, al permanecer sin incinerar por largos periodos, puedan reingresar al circuito ilícito. 

El anuncio surge luego de que las auditorías realizadas el año pasado generaran presión política para modificar la normativa vigente y mejorar los protocolos de control y destrucción de drogas incautadas. 

Los informes que se presentarán próximamente permitirán a la ciudadanía, a los poderes del Estado y a las instituciones policiales tener una visión más clara y detallada sobre los puntos críticos estructurales y operativos con los cuales se enfrenta el país en esta materia.