El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) asistió esta mañana a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, en donde advirtió por la posibilidad de un tercer incumplimiento de la meta fiscal y cuestionó a las autoridades por los compromisos no cumplidos.

Fue la presidenta de la entidad, la economista Paula Benavides, quien expuso frente a los parlamentarios. Sobre el déficit de 2,2 puntos del PIB como proyección para 2025, que al entregar el Presupuesto el Gobierno reconoció -considerando que habían previsto -1,6 y antes -1,2- Benavides sostuvo que ello "fue advertido previamente por el Consejo Fiscal en su último informe, en el cual consideramos como escenario base un déficit estructural de 2,1% del PIB".

"Actualmente, respecto del 2025, no se observan reducciones de gasto adicionales por parte del Gobierno para cumplir la meta de balance estructural y por otra parte, el plan de acciones correctivas que fue anunciado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, muestra que no se ha avanzado de acuerdo a lo comprometido", continuó.

"En ese Informe de Finanzas Públicas posterior al desvío del 2024 -detalló- se anunciaron acciones correctivas por 0,58 puntos del PIB, de las cuales solo se han materializado recortes administrativos del gasto por 0,16 puntos del PIB, que son los que corresponden al acuerdo marco que viabilizó la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto del 2025".

"Y además -complementó- se están implementando recortes administrativos por 0,12 puntos del PIB. Es decir, en total, medidas de recortes por 0,28 puntos del PIB". En este contexto, el CFA planteó que el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural.

Esto, dice la entidad, evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente, y riesgos en el corto y mediano plazo.

El Consejo indicó que se requiere un esfuerzo fiscal mayor para minimizar el desvío de la meta de BE en 2025, cumplirla en 2026 y no superar el nivel prudente de deuda (fijado en un 45% del PIB), con el fin de recuperar la credibilidad fiscal, mediante un compromiso claro de todos los actores políticos.

"La Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado en 2024 buscaba precisamente fortalecer la disciplina y establecer mecanismos que permitieran corregir oportunamente los desajustes durante el año o, en su defecto, compensarlos en el siguiente mediante medidas correctivas. Sin embargo, este marco institucional no ha resultado plenamente efectivo", indicó además.

Situación fiscal para 2026

Para 2026, el CFA sostuvo que el escenario fiscal estimado por Dipres es exigente. "Por un lado, las proyecciones de ingresos consideran incrementos con un significativo grado de incertidumbre, como la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), y, por otro lado, requieren esfuerzos importantes de contención del gasto", se puede leer en el documento.

"Esto obliga a un monitoreo activo de las proyecciones de ingresos y a un compromiso efectivo de todos los actores políticos para una contención efectiva del gasto", se indica también.