En su segunda sesión del año 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción acogió 23 de las 366 solicitudes presentadas por internos de los siete centros penitenciarios de la región, cifra que equivale al 6,28% del total.

La instancia –que sesionó entre el 3 y el 15 de octubre- estuvo presidida por la ministra Antonella Farfarello e integrada por el magistrado del Juzgado de Garantía de Concepción, Marcelo Bustos; las juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción Claudia Etcheberry; del TOP de Cañete Lathy Pérez y del Juzgado de Garantía de Talcahuano, Humilde Silva.

Si se revisan las estadísticas por género, 353 fueron postulantes hombres, de los cuales solo 20 recibieron el beneficio (5,66%), mientras que, de las 13 mujeres solicitantes, 3 lo consiguieron (23%).

En cuanto a desglose por penal, 6 son del CDO de Yumbel, 5 del CP del Biobío, 4 del CDP Arauco, otros 4 del CET Concepción, 2 del CDP Mulchén, 1 del CDP Lebu y 1 del CET Cañete.

Sobre el trabajo de este semestre, la ministra Farfarello comentó que “la comisión realizó un arduo trabajo, que se basó fundamentalmente en revisar que se cumplieran los requisitos que establece la ley, el periodo mínimo de postulación, la buena conducta y la revisión exhaustiva y detallada del informe de Gendarmería y en base a esa propuesta, acompañado de lo que presentaron las defensas, se tomó una decisión. Se escucharon alegatos y en dos causas incluso se escuchó a abogados de las víctimas”.

El trabajo de la comisión está regido por el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019- que establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Esta labor fue complementada, a contar del 17 de septiembre de 2020, con la entrada en vigor del reglamento del Decreto Ley 321 que determina que estos órganos deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales.