De 11% a 23% aumentó la preocupación ciudadana por la corrupción durante la última década. Así lo demostró un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) que analizó la percepción de los chilenos ante el fenómeno que ha afectado a diversas instituciones del país.

Los más recientes son los casos de la irrupción del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, además del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos y los cuestionados convenios del Estado con entidades privadas, que han provocado diversas críticas desde la población.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 del organismo Transparencia Internacional, Chile, que el año pasado había ocupado el 29° lugar, cayó tres puestos y ahora está en el 32° puesto del listado. Asimismo, en la Encuesta CEP N°91 de 2024 un 69% de los encuestados afirmó considerar que la corrupción involucra "a todas o casi todas las personas del servicio público", afectando principalmente a los tres poderes del Estado: el Congreso, el Gobierno y los tribunales de justicia.

En esa línea, el investigador Mauricio Salgado en el estudio "¿A quién le importa la corrupción?: Dinámica de la preocupación por la corrupción en Chile" analizó la percepción de los chilenos ante este fenómeno, usando la serie de encuestas del CEP aplicadas entre los años 2000 y 2025 como referencia.

Según explicó Salgado, se analizaron las respuestas de todos los sondeos entre esos 25 años en las que ciudadanos mencionan la corrupción entre los tres principales problemas a los que el Gobierno debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar.

"Cuando las personas cuando mencionan la corrupción, obviamente están manifestando una inquietud respecto de este fenómeno que compite con otros, como delincuencia o salud.

Es decir, las personas deben estar realmente preocupadas como para mencionar la corrupción dentro de los tres principales problemas que el Gobierno debe resolver", mencionó el académico. En concreto, habría un punto de inflexión el año 2015, luego de que se destaparan los escándalos del caso Caval, Penta-SQM y el financiamiento ilegal de la política.

Salgado afirmó que "hasta el 2015, alrededor de un 11% de los encuestados mencionaba la corrupción dentro de los tres problemas que el Gobierno debiera resolver. Después del 2015, y esto es la actualidad, el promedio pasa a 23%, es decir, se duplica prácticamente". "Yo diría que ese hito marca un quiebre en las actitudes públicas sobre la influencia de las redes personales y del dinero en la política", subrayó.

Malestar en la población

Para el autor, la preocupación por la corrupción estaría generando "una especie de malestar que expresa la ciudadanía entre demandas sociales y capacidades institucionales de respuesta.

Es decir, las personas ven que no solamente las redes personales o del dinero están influyendo en la política, sino que además la institucionalidad completa no da respuesta a sus demandas". Esto se reflejaría en el impacto en la aprobación del Gobierno, los ciclos electorales y la valoración de la democracia.

Además, el estudio sostiene que en cada inicio de mandato de Gobierno, se reduce la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía. Según Salgado, "este malestar se refleja en que la preocupación es menor al inicio de los gobiernos en general, cuando las expectativas de la ciudadanía son altas, y tiende a aumentar hacia el final de cada Gobierno porque estas expectativas en general se han defraudado".

Cambios de perfil

A estos se suma que hasta 2015 quienes expresan más preocupación por el fenómeno son las personas de mayor educación, estatus socioeconómico y edad. Sin embargo, hace diez años que dicha inquietud alcanzó también a sectores de menores ingresos, clases medias y jóvenes entre los 18 y 24 años. Según el autor, esto se puede atribuir a que "los más jóvenes están siendo socializados para estar más atentos a las consecuencias que tiene la corrupción. De alguna manera esta generación nace en un contexto de mayores escándalos de corrupción.

No solamente el caso Caval, sino que todos los que hemos tenido desde entonces como el caso del financiamiento de la política, los de corrupción en las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera". "Esta generación fue socializada en un contexto de mayor preocupación por la corrupción y, por lo tanto, ellos en la actualidad está manifestando precisamente una mayor preocupación por ello", añadió Salgado.

Medidas para enfrentar el fenómeno

El académico del CEP afirmó en el documento que algunas medidas que podrían tomarse para mitigar el fenómeno serían "reducir la complejidad normativa del Estado, mejorar la coordinación institucional y avanzar en la profesionalización de los funcionarios son estrategias claves para reforzar la capacidad de respuesta institucional". "Esto no solo apalancaría el crecimiento económico, sino que reduciría los espacios para la negociación informal y los acuerdos colusorios entre funcionarios y actores privados",

Según comentó Salgado a este medio, "los actores políticos cometerían un error garrafal en no abordarlo con urgencia, porque esta preocupación está permeando hacia los grupos que no son de la élite, los más jóvenes y los sectores de menores ingresos".

El autor advirtió que "si bien es cierto que la preocupación por la corrupción nunca ha estado en primer lugar porque siempre está ahí la delincuencia, la educación en su momento, las pensiones, sí pasó de estar en el top 10 al top 5. Y con los casos de corrupción que hemos tenido en los últimos dos años, probablemente este porcentaje suba y suba con fuerza".