El proyecto el derecho a la muerte asistida en caso de enfermedad terminal o eutanasia, anunciado en la Cuenta Pública de 2024, por el Presidente Gabriel Boric, está en pleno proceso de discusión en el Senado.

El proyecto se forma de cuatro proyectos refundidos -de parlamentarios de distintos sectores políticos-, a los que el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones.

A mediados de junio, se conoció que el informe financiero de la iniciativa legal da cuenta que el Gobierno proyecta 120 casos casos de muertes por eutanasia, a un costo de $1.062 millones el primer año, y casi $900 millones en régimen. Esto, basado en el caso español, donde los solicitantes del procedimiento serían 240.

El pasado martes, se iniciaron las 10 audiencias en la Comisión de Salud que contempla el "periodo de escucha" en torno al proyecto de eutanasia. Así lo confirmó el presidente de la instancia, senador Iván Flores, quien agregó que "escucharemos todas las miradas sobre esta iniciativa tal como lo comprometimos".

Entre los invitados se encuentran se encuentran el cardenal Fernando Chomali; Freddy Maureira, padre de la menor que falleció hace diez años pidiendo eutanasia; y, entre otros, Susana Moreira, quien padece distrofia muscular de la cintura escapulohumeral, enfermedad degenerativa y quien escribió una carta al presidente Gabriel Boric solicitando muerte asistida. Se contempla escuchar, además, a expertos en bioética de universidades e instituciones del país.

"Garantizar este derecho a quienes lo requieren"

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, publicó una carta donde plantea la necesidad de avanzar en este proyecto, descartando que obedezca a una "agenda ideológica", sino que lo que busca es establecer la posibilidad de acceder a este derecho "quienes lo requieren y han tomado una decisión libre e informada".

La ministra señala que el relato del Presidente de la República en la cuenta pública de 2024, "nos confrontó con una realidad que no podemos ignorar: una mujer que, en medio de un sufrimiento extremo, le pidió autorizar su eutanasia. Este testimonio evidenció la urgencia de que Chile cuenta con una regulación clara y compasiva sobre esta materia". "El proyecto que tramita el Senado no es fruto de una agenda ideológica, sino la refundición de cuatro iniciativas presentadas por congresistas de todo el espectro político. Reconocer el derecho a una muerte digna trasciende las divisiones tradicionales y refleja la madurez de una sociedad que valora la autodeterminación", subraya Aguilera. Agrega que en una sociedad pluralista existen diferentes concepciones del valor de la vida y la dignidad humana en circunstancias límite. "Algunos encontrarán sentido en el sufrimiento hasta el final; otros considerarán que la dignidad reside en elegir el momento y la forma de partir. Ambas merecen respeto y ninguna debe imponerse". Aguilera detalla que las indicaciones propuestas por el Ejecutivo perfeccionan el proyecto, "estableciendo un Comité de Garantía y Evaluación que velará por el cumplimiento de requisitos, aplicando estándares médicos y científicos en cada caso. Junto con dar garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia y la seguridad para quienes se dispongan a acompañar a sus pacientes en esta decisión. Esto no es permisivo, sino responsable: garantizar que solo accedan a este derecho quienes lo requieren y han tomado una decisión libre e informada". La titular de Salud sostiene en esa línea que "Chile puede sumarse a las naciones que han regulado esta materia con criterios de excelencia. No se trata de promover la muerte, sino reconocer que, en una sociedad libre, las personas deben tener opciones dignas cuando enfrentan sufrimientos intolerables en el contexto de enfermedades terminales". "La empatía, la responsabilidad y el respeto que mencionó el Presidente deben guiar nuestra reflexión. Es hora de avanzar en esta legislación, con prudencia, pero con la determinación de quien comprende que los derechos fundamentales no pueden seguir esperando", zanjó.

Discrepancias en la Comisión de Salud

El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, subrayó que "tal como nos comprometimos, que íbamos a tratar el proyecto de eutanasia en la segunda mitad de agosto, y eso es lo que estamos haciendo. Ya partimos escuchando a los primeros expositores, van a ser 10 en total, dos por cada parlamentario, y votamos en general".

"Esto va a permitir que se empiece a discutir luego en Sala en particular, y con las indicaciones que ya el gobierno presentó y la que seguramente parlamentarios, colegas, senadores, vamos a presentar", afirmó.

De acuerdo al senador, "es un proyecto que debe ser discutido sin ninguna duda, pero claramente creo que no está dentro de las urgencias que tiene el país hoy día, que son las listas de espera quirúrgicas, las listas de espera de especialidades (...) Y por otro lado, la crisis financiera hospitalaria, que por una cuestión de diseño, de gestión y por otro lado, de falta de recursos, finalmente tenemos un sistema que está funcionando a medias y con menos gente, con gente estresada".

"La eutanasia es una necesidad de resolver, pero no es la primera prioridad, se lo hemos dicho al Gobierno, pero no entienden, o no les importa, o sencillamente esa es la prioridad que tiene el Gobierno hoy día. Y lo puedo decir con responsabilidad, porque la insistencia de la ministra como único objetivo era tratar el proyecto de eutanasia antes de la cuenta pública del Presidente, era un objetivo político, sin ninguna duda", zanjó.

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI), también integrante de la comisión de Salud del Senado, afirmó que "la carta de la Ministra es simplista, tramposa e irresponsable". "Es simplista, porque plantea que el mundo se divide entre quienes encuentran sentido en 'elegir el momento y la forma de partir' y quienes buscan el 'sufrimiento hasta el final'.

Quienes creemos que la muerte puede ser digna sin recurrir a la eutanasia, buscamos justamente lo contrario: una partida con el menor dolor y sufrimiento posible. Por eso hemos impulsado alternativas verdaderamente humanas, que reducen el sufrimiento, como los cuidados paliativos, la sedación paliativa en casos específicos y una regulación más clara de la limitación del esfuerzo terapéutico, para evitar prolongar artificialmente una vida de dolor", acusó.

En esa línea, manifestó que "es también irresponsable, porque la Ministra se desentiende de los pacientes que sufren, siendo ella la principal responsable de garantizarles alivio. Hasta el año pasado, la Ley de Cuidados Paliativos Universales solo se financiaba para el 45% de quienes los necesitaban, y su implementación sigue pendiente".

"En ese contexto, afirmar que los pacientes 'eligen' morir es tramposo, porque no se trata de una elección libre, sino de la única salida que se les deja cuando el sistema de salud los abandona. No podemos hablar de salud si, frente a un paciente con dolor, la única respuesta que ofrece el Estado es terminar con su vida", cerró.