Regional
Crónica
Policial
26/08/2025
La nueva estrategia de seguridad informada en el último Consejo de Seguridad Pública y Prevención del Delito será revisada cada dos meses a través de un comité operativo. Este es uno de los puntos novedosos en el trabajo contra la inseguridad, de acuerdo a la seremi Paulina Stuardo, quien recalca que las medidas son paralelas a lo que ya se hace por medio del plan Calles Sin Violencia.
Stuardo recuerda que los planes regionales de seguridad pública de años anteriores eran acciones que se presentaban durante los primeros semestres, con exposición de resultados a fines de año. "Al igual que con el Consejo del Crimen Organizado, que tiene una mesa técnica, este consejo también tendrá este control de comité operativo para revisar cómo nos va, porque hay compromisos multisectoriales. Podríamos identificar algún sector que le cueste tomar dinámicas en temas en seguridad, y ahí tendremos que reforzar", señala.
Por medio de ejes que apuntan al control y fiscalización de armas, a la atención de hechos de violencia en establecimientos públicos de salud y educación, y al despliegue territorial en comunas, la acción espera enfrentar la crisis de seguridad que vive la zona. Así, se comprometieron, por ejemplo, operativos focalizados para generar rondas periódicas con personal de Carabineros, acciones que se ejecutarán luego de cada reunión comunal y atendiendo la realidad propia de cada lugar.
Si bien ya existen patrullajes mixtos mediante el trabajo con el OS-14 de Carabineros e inspectores municipales, la nueva estrategia abordará igualmente operativos conjuntos como el que se hizo a nivel nacional entre las dos policías. La idea es establecer una réplica regional, "y para eso hay acciones que tienen que ver con las inteligencias policiales".
Suma un foco investigativo liderado por Fiscalía en materia de armas que ya está en curso, o los denominados checkpoints, que buscan un mayor control en las principales rutas del Biobío, la meta de aumentar la fiscalización de armas inscritas al 14% -este porcentaje llega al 8,6% en el territorio-, y otras asociadas a prevención que consideran coordinaciones con otras entidades estatales.