Nacional
Crónica
Policial
29/11/2025
Una verdadera tormenta política se desató luego de que el Gobierno confirmara que no renovará el financiamiento extra que recibían las fiscalías ubicadas en las zonas con mayores índices de criminalidad del país.
El recorte, que deja sin continuidad un aporte clave proveniente de un convenio con el BID, provocó inmediata preocupación en el Ministerio Público, que advirtió un impacto directo en la persecución penal justo donde más se necesita.
El ajuste golpea a fiscalías de:
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Metropolitana Occidente
Biobío
La Araucanía
Zonas donde la presencia del crimen organizado, tráfico de drogas, violencia rural y bandas especiales ha ido en aumento durante los últimos años.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, calificó la decisión como “muy grave”, subrayando que los recursos permitían refuerzos operativos en lugares donde la criminalidad es más compleja.
“El corte afecta funciones esenciales en zonas críticas”, advirtió.
Ya en enero el Ejecutivo había recortado $7 mil millones del presupuesto de la Fiscalía, generando tensiones con parlamentarios y organismos de seguridad. Ahora, este nuevo ajuste profundiza el conflicto.
El anuncio provocó un rápido rechazo transversal en el Congreso. Legisladores acusaron que el Gobierno “está debilitando al Estado frente al crimen” y exigieron revertir la medida.
En paralelo, sectores oficialistas reconocen preocupación, mientras el Ministerio de Hacienda insiste en que se trata de ajustes “necesarios” dentro del plan de austeridad fiscal.
Menos fiscales, menos equipos de apoyo y más sobrecarga en zonas que ya están al límite.
Expertos advierten que la persecución penal podría ralentizarse, permitiendo que bandas criminales operen con mayor margen y aumentando la sensación de inseguridad en la ciudadanía.
