Un informe reciente reveló que 3.622 funcionarios de subsecretarías y de la Presidencia continúan desempeñándose bajo la modalidad de teletrabajo, pese a que la normativa vigente establece que sólo un 20% de la dotación puede trabajar a distancia, salvo excepciones autorizadas.

La información, obtenida a través de solicitudes de transparencia, muestra que el nivel central de 40 subsecretarías y la Presidencia concentran 2.590 trabajadores remotos, cifra que aumenta al incluir las dependencias regionales.

Subsecretarías con mayores porcentajes de teletrabajo

Entre los organismos con mayor proporción de personal a distancia se encuentra la Subsecretaría de Hacienda, donde el 41,3% de sus funcionarios trabaja desde sus hogares. Le siguen:

• Relaciones Económicas Internacionales (35,5%)

• Bienes Nacionales (32%)

• Pesca y Acuicultura (26,6%)

• Secretaría General de la Presidencia (23,7%)

En total, seis reparticiones superan el límite legal gracias a autorizaciones excepcionales otorgadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), como permite la Ley 21.526.

El marco legal y sus excepciones

Desde 2025 rige el tope del 20% establecido por la normativa que regula el teletrabajo en el sector público. Sin embargo, la ley permite que la Dipres apruebe porcentajes mayores cuando existan razones justificadas, como:

• funciones compatibles con la modalidad a distancia,

• necesidades de conciliación familiar (madres, padres o cuidadores),

• o requerimientos operativos específicos.

Estas flexibilidades han permitido que varias subsecretarías mantengan un número elevado de funcionarios fuera de las oficinas.

De la pandemia a la actualidad

Durante los meses más críticos del Covid-19, el teletrabajo llegó a abarcar al 45% del personal del Estado. Con el retorno a la normalidad y la implementación de la nueva ley, la cifra se redujo drásticamente, pero aún persisten reparticiones que operan con una alta proporción de empleados remotos.

Debate abierto

El mantenimiento de cifras tan elevadas ha reactivado la discusión sobre la efectividad y pertinencia del teletrabajo en el sector público. Mientras algunos valoran la eficiencia y flexibilidad que ofrece, otros cuestionan si estas excepciones se están aplicando en exceso o sin suficiente fiscalización.

Por ahora, el Gobierno sostiene que todas las autorizaciones cumplen con la normativa y que cada caso cuenta con su debida justificación técnica.