La Superintendencia de Educación publicó recientemente la Circular N° 781 que redefine los criterios que deben incorporar los reglamentos internos de los establecimientos escolares chilenas, introduciendo el principio de “autonomía progresiva” de los estudiantes y abriendo la puerta para que niñas, niños y adolescentes puedan incidir en estos instrumentos normativos. 

El documento, que entrará en vigencia con el año escolar 2026 y deberá aplicarse en todos los colegios reconocidos oficialmente —incluidos particulares—, establece que los reglamentos internos no sólo deben actualizar sus contenidos, sino que además reflejar principios modernos como la dignidad humana, la inclusión, la perspectiva de género y, especialmente, la autonomía progresiva de los estudiantes, concepto según el cual niños y adolescentes deben poder ejercer sus derechos en la medida de su desarrollo. 

La superintendenta de Educación ha defendido la medida como parte de un marco formativo integral y de convivencia escolar, indicando que estas exigencias pretenden fortalecer la participación activa de los estudiantes en la vida escolar y garantizar que los reglamentos sean instrumentos claros, actualizados y pertinentes al contexto actual. 

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas de parte de sostenedores y algunos parlamentarios, quienes advierten que estas exigencias podrían tensionar la autonomía de los proyectos educativos de cada establecimiento y extender más allá de las facultades de supervisión que tradicionalmente tiene el organismo regulador. Algunos comentarios, incluso, han calificado el ajuste como un posible “amarre ideológico” a pocos días de cambios de gobierno.

La actualización de los reglamentos internos debe concretarse antes del 30 de junio de 2026, plazo en el que cada comunidad educativa —establecimientos, padres, apoderados y estudiantes— debe revisar y adaptar sus normas de convivencia escolar al nuevo marco establecido por la Superintendencia. 

Además de estas modificaciones, el contexto normativo educativo chileno ha estado marcado por otros cambios recientes, como la aprobación de una ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios desde 2026, lo que también obliga a las comunidades escolares a ajustar sus reglamentos y estrategias de convivencia.