Hace casi una semana el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste al sector público, medida criticada por el polémico "amarre", que limita los despidos de los funcionarios.

El cuestionamiento creció cuando se conoció que los artículos sumaban un total de 129, lo que convierte al texto en el de mayor extensión en la historia de la ley de los reajustes.

Pese a todo, con los días la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la iniciativa que impulsa el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, además de 36 puntos en particular, por lo que el debate continuará hoy.

Desde la derecha regional cuestionan la norma y advierten que el problema no es sólo el reajuste en sí -que alcanza el 3,4% parcelado-, sino la forma irresponsable en que el gobierno lo está planteando.

Diputados del sector insisten en que nadie desconoce la legítima aspiración de los trabajadores del sector público, "pero no se puede legislar de espalda a la realidad fiscal del país".

"Estamos hablando de un reajuste que cuesta cerca de US$ 1.700 millones, mientras el propio gobierno reconoce que sólo tiene disponibles alrededor de US$ 700 millones.

Es decir, no hay financiamiento real, y eso es extremadamente grave. Además, el Ejecutivo insiste en incorporar normas de amarre, que buscan forzar la aprobación del reajuste a cambio de materias que nada tienen que ver con salarios.

Eso no es diálogo social, es chantaje legislativo", acusa el social cristiano Roberto Arroyo, quien para los próximos días prevé un debate "muy intenso" por tres nudos centrales: falta de recursos reales, normas de amarre y ausencia total de responsabilidad fiscal.

Por eso, señala que, si el Ejecutivo insiste en empujar un reajuste sin financiamiento y en condicionar su aprobación con normas ideológicas o administrativas ajenas al tema, va a encontrar una oposición firme en el Congreso.