SII acusa a “clan familiar agrícola” de millonario fraude con facturas falsas y presenta querella

Nacional

Crónica

15/01/2026


El Servicio de Impuestos Internos (SII) intensificó su plan de fiscalización tributaria al presentar una querella criminal contra un grupo familiar ligado al rubro agrícola, señalando que emitieron facturas falsas y maniobras contables fraudulentas que habrían provocado un perjuicio fiscal superior a $4.700 millones entre los años 2022 y 2025.

Según la investigación del SII, los integrantes de este “clan familiar agrícola” —compuesto por un matrimonio y dos hermanos de la mujer— actuaron como administradores de hecho, representantes legales, socios y/o gerentes generales de diez sociedades mediante las cuales condujeron las irregularidades tributarias.

Detalles de la presunta estafa
El organismo detectó que una de las sociedades vinculadas al clan incorporó en su contabilidad y en los Formularios Tributarios 29 créditos fiscales de IVA que provenían de facturas falsas emitidas por cinco proveedores distintos. En total, se habrían utilizado 146 documentos tributarios sin respaldo real, lo que permitió aumentar indebidamente el crédito fiscal y reducir el pago de impuestos al fisco.

El subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que los hechos investigados están tipificados como delitos de aumento indebido de crédito fiscal de IVA respaldados con documentación falsa o sin respaldo documental, previstos y sancionados en el Código Tributario chileno.

Acción legal y consecuencias
Ante estos hallazgos, el SII decidió presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables del ilícito, con el objetivo de que la justicia determine responsabilidades penales y se establezcan eventuales sanciones.

Este caso se suma a una serie de acciones que el SII ha impulsado en los últimos meses para combatir el uso de facturas ideológicamente falsas y las prácticas tributarias agresivas que afectan los ingresos fiscales del país.

Repercusiones del fraude
El perjuicio fiscal estimado por el SII en este caso supera ampliamente los $4.700 millones, consolidándose como uno de los fraudes tributarios de mayor cuantía detectados recientemente dentro del contexto agrario y empresarial privado en Chile.

Las autoridades fiscales han enfatizado su compromiso con fortalecer los mecanismos de control y detección de delitos tributarios, señalando que este tipo de investigaciones son clave para asegurar la transparencia y el cumplimiento de la normativa tributaria por parte de contribuyentes y empresas.





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