El 4 de septiembre de 2022, millones de chilenos acudieron a las urnas para participar en el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución. Ese día, el país volvió a vivir la obligatoriedad del voto, después de más de una década en que el sufragio había sido voluntario. La norma era clara: quien no votara, arriesgaba multas que iban desde 0,5 a 3 UTM, aplicadas a través de los juzgados de policía local.

Sin embargo, tres años después, las cifras entregadas por el Servicio Electoral (Servel) muestran una brecha llamativa entre la ley y su aplicación. De los 2.033.843 ciudadanos denunciados por no cumplir con su deber cívico, apenas 472.195 fueron finalmente sancionados, lo que equivale a poco más del 23 % del total.

El dato refleja un fenómeno que no pasó inadvertido. Si bien en la jornada electoral se insistió en el carácter obligatorio del voto, la realidad es que casi cuatro de cada cinco infractores quedaron sin sanción efectiva. “Nuestras cifras son estimativas, pues dependen de la información remitida por los juzgados de policía local. No son datos exactos, pero dan cuenta de la magnitud del fenómeno”, aclararon desde el organismo.

Tribunales desbordados

En muchas comunas, los juzgados de policía local recibieron un volumen inédito de denuncias, que difícilmente pudo ser procesado en su totalidad. El colapso administrativo y la falta de recursos habrían incidido en que gran parte de los casos quedara archivada o sin sentencia.

A esto se suman ciudadanos que, aun habiendo recibido la notificación, lograron justificar su inasistencia. Las excusas van desde problemas de salud hasta encontrarse a más de 200 kilómetros de su lugar de votación.

Un debate abierto

La baja tasa de sanciones reabre la discusión sobre la efectividad del voto obligatorio. Para algunos analistas, se trata de un sistema que perdió fuerza al no concretar las consecuencias legales prometidas. Para otros, el hecho de que se haya denunciado a más de dos millones de personas muestra un grado de control inédito, aunque incompleto.

Lo cierto es que, a menos de un año de nuevas elecciones municipales y regionales, la pregunta sigue abierta: ¿es suficiente con declarar el voto obligatorio, si la sanción por incumplirlo parece diluirse en el camino judicial?

Mientras tanto, para quienes cumplieron con su deber, la percepción es clara: el mensaje de la ley no se tradujo plenamente en acción. Y la obligatoriedad del voto, en la práctica, quedó a medio camino entre la norma y la realidad.