La aplicación del beneficio de libertad condicional en Chile ha experimentado una drástica reducción en los últimos diez años, desde que se introdujeron una serie de reformas legislativas que endurecieron los requisitos para acceder a él. Según datos de Gendarmería de Chile analizados por este medio, los beneficios concedidos han caído un 61,5 % entre 2014 y 2024. 

En 2014, los tribunales concedieron 3.352 libertades condicionales; para 2024, ese número se redujo a apenas 1.288. En el primer semestre de 2025, de un total de 6.859 postulantes, sólo 734 obtuvieron el beneficio, lo que representa apenas alrededor del 10 % de las solicitudes. 

Reformas legales y endurecimiento del sistema

El descenso se relaciona directamente con múltiples modificaciones al decreto ley que regula la libertad condicional —creada originariamente en 1925— de las cuales unas 22 reformas se registran hasta la fecha, concentrándose el 41 % de ellas entre 2016 y 2025, muchas de las cuales introdujeron requisitos más estrictos, plazos mayores de cumplimiento o excluyeron ciertos delitos del beneficio. 

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, la explicación es simple: “la disminución … obedece principalmente a las modificaciones introducidas en la normativa vigente. Actualmente, los requisitos establecidos son más numerosos y estrictos”.

El abogado y profesor de la Universidad Católica de Chile, Mauricio Duce, añade que “la tendencia a la baja … probablemente también explica los niveles de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, que supera el 146 %”. 

Casos simbólicos de impacto

El caso del condenado por atacar gravemente a Nabila Rifo, Mauricio Ortega, cuyo beneficio de libertad condicional fue revocado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique tras un recurso de amparo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), volvió a poner en el debate público esta temática. En dicho proceso se acreditaron falencias en la notificación a la víctima, lo que originó cuestionamientos. 

Otro episodio ampliamente citado es el de Hugo Bustamante —condenado por el crimen de Ámbar Cornejo— quien obtuvo libertad condicional en 2016 y cuatro años después fue detenido nuevamente. Estos hechos contribuyeron a endurecer la norma y a generar una mayor cautela en el otorgamiento del beneficio.

Consecuencias y desafíos
Entre los efectos más visibles, está el aumento del hacinamiento en las prisiones, según los expertos, producto de la menor concesión de este tipo de beneficios. Además, la opinión pública y las instancias judiciales parecen optar por una aproximación más punitiva que rehabilitadora, lo que refuerza la caída. 

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que aunque el endurecimiento responde a la demanda ciudadana por mayor seguridad, también se corre el riesgo de estigmatizar aún más a las personas privadas de libertad y limitar posibilidades reales de reinserción.

La subdirectora legal de la Fundación Amparo y Justicia, María José Bowen, afirma que “aún falta un mecanismo formal de oposición para las víctimas, que equivalga al amparo que puede interponer un condenado. También la homologación de criterios y procedimientos para la notificación y participación entre Comisiones de Libertad Condicional”. 

Perspectivas
Analistas señalan que se vislumbra una necesaria revisión legislativa, pues el endurecimiento sin acompañamiento de políticas de rehabilitación, educación penitenciaria o programas de reinserción puede agravar los problemas estructurales del sistema carcelario. Además, la transparencia y la participación efectiva de las víctimas continúan siendo desafíos pendientes.

El balance queda claro: la rebaja del 61 % en los beneficios de libertad condicional no solo refleja cambios normativos, sino también un cambio de paradigma en la política criminal del país —con énfasis en la seguridad y el control— que plantea preguntas vitales sobre el equilibrio entre castigo, prevención y reinserción.