En un giro inesperado del llamado “caso licencias médicas”, las instancias judiciales revisan y, en algunas situaciones, revocan decisiones de despido efectuadas por la Contraloría General bajo la administración de la contralora Dorothy Pérez. 

El escándalo se inició cuando la Contraloría reveló que miles de funcionarios públicos afectados por una reposo médico habían salido del país, lo que generó sumarios administrativos y destituciones masivas.

Sin embargo, cuando estos casos llegaron a las ‎Cortes de Apelaciones de Chile, los resultados se dividieron: mientras algunas sentencias ratificaron las destituciones, otras enfatizaron fallas procesales y devolvieron los actos al organismo fiscalizador. 

Una de las críticas recurrentes se centra en el principio de “confianza legítima” de los funcionarios públicos contratados, que los tribunales han invocado para invalidar medidas que no garantizan debido proceso. 

En ese contexto, analistas jurídicos afirman que el caso revela una tensión entre la necesidad de control fiscal y la obligación de respetar los derechos laborales y normativos en procesos disciplinarios.

Para la Contraloría, según fuentes internas, el foco sigue siendo disuadir el uso indebido de licencias médicas, «una forma de fraude que afecta el presupuesto público y la credibilidad del Estado». Pero expertos advierten que sin sólidos fundamentos jurídicos y procedimientos rigurosos, los esfuerzos podrían quedar en parte anulados por la vía judicial.

El escenario sitúa a la Contraloría y a Dorothy Pérez en un desafío clave: lograr que sus acciones de fiscalización sean no solo contundentes en lo material, sino también invulnerables en lo procesal. El desenlace marcará no solo la eficacia del control interno estatal, sino también la relación entre administración pública, derecho laboral y justicia administrativa.

Conclusión:
Lo que comenzó como una campaña de transparencia y sanción se convierte ahora en un caso de arquitectura jurídica y garantías procesales. En última instancia, el modo en que las cortes fallen determinará si la institucionalidad disciplinaria logra imponerse o si debe replantearse su forma de actuar.