El avance en el Congreso del proyecto que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas provoca una alta preocupación en el mundo de la infraestructura, desde donde hacen un severo diagnóstico frente a la posibilidad de que esta iniciativa vea la luz: ven riesgos para la estabilidad del sistema, encarecimiento de futuras licitaciones, mayor incertidumbre jurídica e incluso un eventual regreso a los peajes manuales en carreteras interurbanas.

La iniciativa, ingresada bajo el Boletín N°16.346 y patrocinada por el diputado Jaime Mulet (FRVS), fue aprobada este lunes en general por la Sala de la Cámara con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Sin embargo, al haber sido objeto de indicaciones, el proyecto volvió a su comisión técnica, en este caso, la de Obras Públicas.

Tras la votación, Mulet defendió el espíritu de su propuesta: "No estamos pidiendo que se elimine definitivamente el pago de las concesiones. Se tienen que pagar, pero pagar lo justo. Estamos pidiendo que se eliminen las multas, que son desproporcionadas y altísimas".

Según la normativa vigente, específicamente el artículo 114 de la Ley de Tránsito, en los caminos públicos con sistema electrónico de cobro solo pueden circular vehículos con dispositivo habilitado u otro mecanismo que permita el cobro. Infringir esta norma implica una multa de 1 UTM, además de ser considerada una infracción grave. El proyecto apunta precisamente a eliminar esa sanción económica.

Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), su presidenta, Gloria Hutt, manifestó una visión crítica. A su juicio, la eventual aprobación del proyecto sería "profundamente dañina para la sostenibilidad de largo plazo de la industria".

En su análisis, el impacto no se limitaría a los contratos actuales, sino que se extendería a los futuros: "Afecta no solo los contratos actuales que tienen reglas establecidas, que incluyen la vigencia de la infracción de tránsito; también a nuevos contratos, donde las bases también especifican la vigencia de esa condición. Así, es profundamente dañino en caso de que se llegue a aprobar".

Hutt también advirtió el posible retorno a los peajes manuales en rutas interurbanas. Según explicó, en autopistas urbanas no existe esa alternativa, lo que implicaría un deterioro directo del sistema. “Es necesario evaluar el impacto que tiene tanto en la calidad de servicio como en la estabilidad de los contratos durante todo el período de concesión que todavía falta".

Además, recordó que el proyecto aún debe pasar varias etapas: tras volver a la comisión técnica, seguirá su discusión en la Cámara, para luego eventualmente ser enviado al Senado.

En ese proceso, dijo, aún hay margen para "profundizar la discusión, midiendo debidamente el impacto grave que genera para el desarrollo potencial de infraestructura en el país". Otro efecto que advirtió es que la eliminación de las multas también afectaría la recaudación de los municipios.

Una catástrofe

La exministra de Obras Públicas y socia de Bofill Escobar Silva Abogados, Loreto Silva, afirmó que el avance del proyecto "me preocupa enormemente". A su juicio, si la iniciativa se convierte en ley "afectará significativa y negativamente la disponibilidad de pago de los usuarios, lo cual conlleva un mayor riesgo para los inversionistas".

Silva también comentó que "cada vez que se introduce más riesgo al sistema, este se valora e integra a las ofertas, lo cual al final termina afectando a los usuarios y, en especial, a aquellos que sí pagan la tarifa".

Así, anticipa un encarecimiento de las obras concesionadas. Uno de los juicios más duros vino de Leonardo Daneri, expresidente de Copsa, quien calificó la iniciativa derechamente como “un desastre para el sistema de concesiones, una catástrofe peor que los retiros de las AFP”.

Según Daneri, la lógica del proyecto “equivale a que un diputado proponga que las empresas de servicio no corten el suministro si los clientes no pagan. Eso aumenta la morosidad y las empresas quiebran”.

Recordó que actualmente la infracción establecida en el artículo 114 no solo implica multa, sino también impedimentos para renovar el permiso de circulación, lo que actúa como un mecanismo indirecto de cumplimiento: no se puede impedir el ingreso a las autopistas, pero sí se genera una sanción posterior.

Desde su perspectiva, si el proyecto prospera, podrían caerse las próximas relicitaciones de concesiones y abrirse paso a “juicios gigantescos para el Estado”.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, optó por la cautela y señaló que "habrá que esperar" cómo evoluciona la tramitación legislativa para dimensionar con mayor claridad sus efectos.

En tanto, el Ministerio de Obras Públicas se limitó a señalar que "hará las observaciones que corresponden en el marco de la discusión legislativa".