Un reciente informe dado a conocer en el marco de la discusión presupuestaria detalló el uso de los recursos asignados a las oficinas de los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria. Estos fondos, establecidos por ley, cubren gastos permanentes de operación, que incluyen arriendos, gastos comunes, asesores y personal administrativo.

Según los antecedentes recopilados, el ítem “funcionamiento de oficina” bordea los $8.495.313 mensuales por cada exmandatario, sin considerar otros beneficios asociados, como la dieta mensual o los gastos de traslación. Se trata de montos establecidos desde el año 2000 en virtud del artículo 30 de la Constitución y de la Ley 19.672, que fijan las asignaciones de por vida para quienes ejercieron la jefatura del Estado.

Entre los gastos más relevantes se encuentran los arriendos de oficinas, mantención de sedes, pago de gastos comunes, contratación de asesores, equipos de apoyo y servicios logísticos. En algunos casos, estos recursos también permiten financiar fundaciones vinculadas a los ex jefes de Estado.

Para el presupuesto 2026, el Estado contempló cerca de $830 millones anuales destinados exclusivamente a cubrir asignaciones de ex presidentes, cifra que se mantiene estable respecto a años anteriores. Sumando todas las asignaciones, cada exmandatario podría recibir alrededor de $17 millones al mes, dependiendo de las rendiciones presentadas y aprobadas por el Senado.

Sin embargo, la magnitud de estos montos ha generado controversia. Durante el debate legislativo, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de revisar o reducir estos beneficios, argumentando que varios ex presidentes mantienen actividades privadas o fundaciones con financiamiento adicional. Aunque se discutió limitar los fondos asignados al funcionamiento de oficinas, finalmente no se materializó ningún recorte para 2026.

La información vuelve a abrir el debate respecto del costo fiscal de los beneficios vitalicios otorgados a quienes han ocupado la Presidencia. En regiones, donde la ejecución presupuestaria suele estar marcada por restricciones, la discusión adquiere especial relevancia en un contexto de evaluación del uso de los recursos públicos y exigencias de transparencia.