¿Falló la barrera de contención?: Gasco contrata penalista y prepara defensa tras fatídico accidente

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01/03/2026


La empresa Gasco contrató al reconocido abogado penalista Cristián Muga para liderar su defensa judicial, luego del grave accidente ocurrido el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, que dejó múltiples víctimas fatales y decenas de heridos.

El siniestro, considerado el más grave en la historia de la compañía, se produjo cuando un camión que transportaba gas licuado volcó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, generando una explosión de gran magnitud que afectó a vehículos y estructuras cercanas.

La emergencia provocó una amplia movilización de equipos de rescate y dejó un alto número de fallecidos, cifra que con el paso de los días continuó aumentando debido a la gravedad de los lesionados.

Según antecedentes preliminares al interior de la firma, el conductor no habría excedido la velocidad permitida, por lo que la defensa está poniendo el foco en el estado de la infraestructura vial, particularmente en una eventual falla de la barrera de contención donde se produjo el impacto.

El abogado tendrá como misión principal defender el actuar de la empresa y, paralelamente, avanzar en los procesos de compensación para las familias de las víctimas. Esto ocurre en medio de un escenario legal complejo, ya que la normativa vigente permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de cuasidelitos que deriven en muertes, especialmente cuando se acredita negligencia en la organización o en la gestión de riesgos.

Desde el Ministerio Público, en tanto, se mantienen diversas diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del accidente, sin descartar responsabilidades individuales o institucionales.

La fiscalía ha señalado que la hipótesis inicial apunta a la pérdida de control del vehículo por parte del conductor, lo que generó una colisión en cadena y la posterior deflagración del gas transportado.

El caso ha reabierto el debate sobre los estándares de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas y la responsabilidad de las empresas ante este tipo de emergencias, mientras autoridades y organismos fiscalizadores continúan revisando protocolos para evitar que tragedias de esta magnitud vuelvan a ocurrir en el país.





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