El Gobierno anunció que retomará la tramitación del proyecto de ley que busca regular las parcelaciones rurales, iniciativa que llevaba cerca de 19 meses estancada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

La medida fue confirmada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien señaló que la regulación de las subdivisiones de terrenos rurales es un tema prioritario para la nueva administración. Según la autoridad, existe preocupación porque una parte significativa de los suelos agrícolas está siendo destinada a proyectos inmobiliarios en lugar de actividades productivas del sector agrícola.

Objetivo de la iniciativa

El proyecto busca limitar y ordenar las subdivisiones de terrenos rurales, conocidas como parcelaciones, que en los últimos años han proliferado en distintas zonas del país. Muchas de estas divisiones se han transformado en proyectos habitacionales o de “parcelas de agrado”, lo que ha generado preocupación por la pérdida de suelo agrícola y la expansión de núcleos residenciales sin planificación territorial.

Contexto de la discusión

La iniciativa fue presentada al Congreso en julio de 2024 y forma parte de un plan para proteger el territorio rural y regular el uso del suelo fuera de las zonas urbanas. El proyecto fue elaborado por los ministerios de Agricultura y Vivienda con el objetivo de evitar la fragmentación de predios agrícolas y fortalecer la fiscalización de este tipo de subdivisiones.

Además, las autoridades han advertido que la proliferación de parcelaciones ha impulsado proyectos inmobiliarios en áreas rurales sin planificación, lo que genera presión sobre los servicios básicos, el medio ambiente y la producción agrícola.

Situación actual

De acuerdo con datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las solicitudes para subdividir predios rurales han disminuido significativamente en los últimos años, tras medidas administrativas adoptadas para endurecer los criterios de autorización.

Con el reinicio de su discusión legislativa, el Ejecutivo espera avanzar en una normativa que permita compatibilizar el desarrollo rural con la protección de los suelos agrícolas y el ordenamiento territorial en Chile.