La corrupción, el fraude y el crimen organizado se consolidan como amenazas crecientes para la estabilidad global, con impactos que van mucho más allá de las cifras.

Según el informe "Perspectivas sobre la lucha contra la corrupción y la integridad 2026" de la OCDE, estos delitos no solo drenan recursos públicos y privados, sino que alteran el funcionamiento de los mercados, frenan la inversión y profundizan las desigualdades, en un escenario internacional cada vez más complejo.

El documento advierte que uno de los principales problemas no es la falta de normas, sino la brecha persistente entre diseño e implementación. Esto lo explica en que si bien cada vez más países cuentan con marcos regulatorios robustos, su aplicación efectiva sigue siendo limitada, lo que permite que estas prácticas ilícitas se mantengan e incluso se expandan en distintos niveles del aparato estatal y privado.

A ello se suma el avance del crimen organizado, impulsado por la globalización y la digitalización, que amplió su alcance e impacto económico. De acuerdo con estimaciones de la ONU, su costo podría situarse entre el 2% y el 5% del PIB mundial, una cifra que refleja no solo pérdidas financieras, sino también un deterioro sostenido de la confianza ciudadana en las instituciones.

Por otro lado, el informe menciona a Chile como un caso de avance relativo en la materia, con herramientas como la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2023-2033, que busca articular un enfoque integral basado en pilares como la transparencia, la probidad y el control del uso de los recursos públicos.

En esa línea, el organismo destaca las diversas directrices existentes en nuestro país enfocadas en la prevención de la corrupción y preservación de la integridad pública, en cuanto a su estrategia y práctica.

Sin embargo, advierte que para Chile el desafío sigue siendo el mismo que a nivel global, consistente en asegurar que estas políticas no se queden en el papel y logren traducirse en resultados concretos y sostenibles.