Las empresas chilenas enfrentarán este año un escenario de mayores exigencias legales, marcado por la reducción de la jornada laboral y un avance en la protección de los datos personales, lo que pondrá presión en la gestión interna de las compañías.

En concreto, a partir del 26 de abril de 2026 entrará en vigencia la segunda etapa de la Ley de 40 Horas, lo que implica que la jornada ordinaria de trabajo deberá disminuir de 44 a 42 horas semanales.

Esta medida obliga a los empleadores a negociar o, al menos, intentar llegar a acuerdos con los trabajadores o sus sindicatos sobre cómo distribuir la reducción de horario, lo que plantea desafíos operativos para muchas empresas.

La normativa laboral establece que, si no se logra un acuerdo, la jornada debe ajustarse con una reducción mínima de una hora diaria o de 50 minutos en determinados días, dependiendo de la distribución semanal del tiempo de trabajo.

Además de este cambio en la jornada laboral, las compañías también deberán adaptarse a un entorno regulatorio más estricto en materia de protección de datos personales, tras la promulgación de una nueva legislación que actualiza la normativa vigente para responder a los desafíos del mundo digital y el uso intensivo de información personal.

Estudios y análisis del sector señalan que la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que comenzó a regir parcialmente en 2025 con obligaciones cada vez más exigentes, incluye mayores estándares de resguardo y sanciones para quienes no cumplan con los requisitos de tratamiento y almacenamiento de datos.

Especialistas destacan que la implementación de estas normas implica no solo ajustes legales, sino también tecnológicos y culturales dentro de las organizaciones, ya que las empresas deberán reforzar sus políticas internas, resguardar la información de clientes, colaboradores y proveedores, y formar a sus equipos para cumplir con los nuevos estándares de protección.

Este conjunto de cambios normativos llega en un momento de renovación en las autoridades laborales chilenas, lo que podría influir en la interpretación y fiscalización de las nuevas reglas durante los próximos meses.