Varias empresas participantes del proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentaron una acción legal ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), acusando que el organismo estatal favoreció en la licitación a compañías que, en los hechos, estarían ligadas a los mismos grupos económicos.

Fuerte impugnación legal

Las firmas Hendaya y Kümelkan impugnaron el proceso, argumentando que Junaeb adjudicó partes del contrato a sociedades que, aunque formales, comparten beneficiarios finales o controladores económicos comunes, contraviniendo la normativa diseñada para asegurar competencia real y transparencia entre oferentes independientes.

Acusaciones específicas

Según las reclamantes, hay varios casos donde empresas como Outfood, Optimización, Alimab, Departamental, Soser y Distal estarían relacionadas entre sí por vínculos familiares o accionarios, lo que, a juicio de los demandantes, debería haber llevado a la exclusión de una de ellas o de todas del proceso para no distorsionar la competencia.

Qué piden las empresas

Las compañías afectadas solicitaron al TCP que retrotraiga el procedimiento de adjudicación y que se vuelvan a evaluar las ofertas, tomando en consideración la independencia real de cada oferente. Según la demanda, las reglas de la licitación prohibirían que empresas con el mismo control accedan simultáneamente a contratos públicos, protegiendo así el principio de igualdad de los oferentes.

Respuesta de Junaeb

Junaeb defendió su adjudicación, afirmando que el proceso se ajustó a las bases públicas de licitación y que cuenta con la toma de razón de la Contraloría General de la República. El organismo enfatizó que su prioridad es asegurar que el servicio de alimentación escolar esté operativo desde el inicio del año académico en marzo.

Impacto y contexto

La licitación del PAE es una de las más relevantes y millonarias del sector público chileno, dada su dimensión y el impacto directo en la alimentación de estudiantes en todo el país. El conflicto judicial se produce en un contexto en que la transparencia de estos procesos ha sido objeto de debate y escrutinio en diversas instancias públicas y mediáticas.